¿Quién quiere la piel de Airbus?

En 2013, la empresa Airbus fue procesada por sospecha de corrupción por parte de las autoridades estadounidenses. Al desvelar el trasfondo del caso, esta investigación muestra cómo la justicia se ha convertido en uno de los instrumentos de la despiadada guerra económica que libra Estados Unidos contra las grandes empresas europeas. En 2013 estalló un caso que sumió en el caos al fabricante europeo de aviones Airbus. La CIA sospechaba que el grupo estaba utilizando la corrupción a gran escala, distorsionando la competencia contra su principal competidor, el gigante estadounidense Boeing. Consciente de la grave amenaza para la empresa, Tom Enders, entonces director ejecutivo de Airbus, lanzó con urgencia una vasta "operación de manos limpias" para limpiar las prácticas comerciales. 

El precedente del caso Alstom es suficiente para que la gente se estremezca en los altos círculos: Apuntada por una denuncia estadounidense en 2014, la multinacional francesa acababa de ser comprada por la estadounidense General Electric tras una extraordinaria serie jurídica y financiera. Esta vez, Europa, dotada de nuevas armas legislativas, estaba en condiciones de contraatacar... 

Estados Unidos tiene un arma formidable para defender sus intereses comerciales: la extraterritorialidad de su derecho. La justicia federal puede así procesar y sancionar a cualquier empresa que viole las leyes estadounidenses cuando realiza transacciones en dólares o utiliza los servicios de empresas radicadas al otro lado del Atlántico. 

Al condenar a grupos extranjeros a multas astronómicas, es probable que los tribunales los empujen a la bancarrota o, al menos, los debiliten seriamente. ¿Cómo se las arregló Airbus para escapar de este destino? Esta cautivadora investigación, ambientada como un thriller, rastrea la implacable espiral judicial del "asunto Airbus" y sus muchos giros y vueltas, hasta su desenlace en enero de 2020. Donde aprendemos, entre otras cosas, que el fabricante de aviones debe su resultado a la ley Sapin 2, aprobada en 2016 para alinear la ley francesa con la de Estados Unidos: le permitió iniciar un procedimiento de autodenuncia sin precedentes ante las autoridades anticorrupción francesas, británicas y estadounidenses. Veredicto: una multa de "solo" 3.600 millones de euros, incluidos 2.100 millones pagados al Tesoro francés, contra 526 millones a los estadounidenses.