Valencia, zona catastrófica

Declaración de zona gravemente afectada

Después de seis días de producirse los hechos, el martes 5 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó la declaración de zona gravemente afectada, lo que se conoce popularmente como declaración de zona catastrófica, para los territorios afectados por la  DANA. Aunque el plan lleva el título de Comunidad Valenciana, las ayudas son extensibles a los otros territorios afectados, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Esta actuación cuenta con un respaldo de 10.600 millones de euros para los 78 municipios, de los que 75 son de la Comunidad Valenciana, dos de Castilla-La Mancha y uno de Andalucía. Las medidas contemplan ayudas directas para los afectados, así como medidas fiscales y laborales para empresas y autónomos. Se pretende cuadruplicar el valor de las indemnizaciones previstas en la ley por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres y en vivienda. Se trataría de hasta 72.000 euros por casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres, y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos, como portales o ascensores.

Para las pymes y trabajadores autónomos con domicilio fiscal en los municipios afectados por la DANA, habrá ayudas directas con un total de 838 millones de euros. Los autónomos podrán recibir hasta 5.000 euros, y entre los 10.000 y los 150.000 euros las empresas, en función de su volumen de negocio. Se pretende que se pueda empezar a cobrar en menos de un mes, beneficiando a unos 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas.

También se crea una línea de créditos denominada ICO-DANA, para que pymes, autónomos y familias, puedan solicitar créditos avalados por el Estado para hacer frente a los gastos sufridos por la catástrofe. Se prevé que esta línea de avales estará disponible a partir de la semana que viene en un primer tramo de 1.000 millones de euros, que se irá ampliando hasta un total de 5.000 millones de euros.

Entre las medidas fiscales habrá exenciones en el pago del IBI y del Impuesto de Actividades Económicas. No se tendrá que pagar la tasa de tramitación de las bajas de los vehículos dañados, ni la relacionada con la solicitud de nuevo DNI o permiso de conducir. Se retrasa el segundo pago de la declaración del IRPF.

Al parecer el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los bancos para que quienes tengan una hipoteca o préstamo, puedan posponer tres meses el pago de la misma, pagando solo los intereses durante 9 meses adicionales.

El Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, empezará a abonar desde el miércoles seis las primeras indemnizaciones a las familias y empresas que han perdido su vehículo, en unas cuantías que serán un 20% superiores al valor de tasación del coche. Hasta el momento se han recibido más de 70.000 solicitudes. Para estas indemnizaciones se han reservado 3.500 millones de euros.

Para trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos, se crea una incapacidad temporal extraordinaria, con la consideración de accidente de trabajo, con lo que se garantiza el 75% de su salario desde el primer día de incapacidad.

También habrá una prestación por cese de actividad para autónomos que tengan que parar o suspender su trabajo y que corresponderá al 70% de la base de cotización, una ayuda a la que podrán acceder aunque no tengan el mínimo de cotización exigido y sin que se les reduzca sus prestaciones en el futuro.

Ministerio de Trabajo y Economía Social había avanzado una serie de medidas destinadas a la protección de las personas trabajadoras afectadas por la DANA, que pasan por prohibir el despido y ofrecer permisos retribuidos en determinadas situaciones, así como priorizar el uso del teletrabajo, todo ello con efectos desde el 29 de octubre. Asimismo las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla al menos hasta febrero de 2025.

Se reembolsará el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados, y se pagará hasta el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos meses y años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos, o centros cívicos, y se les compensará por los impuestos municipales que dejen de percibir.

El Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad por la vía de urgencia. El Fondo Europeo de Solidaridad (FES) cuenta con una partida de hasta 1.144 millones de euros anuales a la que se puede recurrir en casos de catástrofes naturales, pero cuyo desembolso no es inmediato, sino que puede demorarse algunos meses. El importe de las ayudas se determina en función de los daños directos totales causados en relación al PIB del país o región afectada. El Gobierno ha pedido al Consejo Europeo y a la Eurocámara la aprobación, por vía de urgencia, de un nuevo reglamento denominado Restore, que permitiría reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FSE+, para dedicar parte de esos recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales.

Declaración de zona catastrófica

La declaración de zona catastrófica se recoge actualmente en la Ley 17/2015, del 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil; la cual explica que sería el Estado el encargado de la reparación tanto de los desperfectos materiales causados por el desastre, así como de las ayudas a empresas y trabajadores.

Con esta declaración, se da inicio a la conocida como “fase de recuperación” de las zonas afectadas, la cual está integrada por el conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas, dirigidas al restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas. 

Esta serie de ayudas pueden ser de carácter material o personal. En el capítulo 22 de esta Ley 17/2015 se recoge que, “cuando se hayan producido daños personales se concederán ayudas económicas por fallecimiento y por incapacidad absoluta y permanente”. En cuanto a los daños materiales, éstos “habrán de ser ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes que cuenten con la cobertura de un seguro, público o privado”. La valoración de los daños materiales “se hará por organismos especializados en tasación de siniestros o servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas".

Entre la serie de ayudas que se podrán adoptar a raíz de la aprobación de esta declaración de zona gravemente afectada, se encuentran las ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.

También podrán destinarse ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. En esta ley también se recogen las subvenciones a las que se podrán optar por daños en infraestructuras municipales o red viaria.

Niveles de alerta según la Ley del Sistema de Protección Civil

La situación operativa 1 puede afectar a uno o varios municipios y la dirección de la emergencia es responsabilidad de la comunidad autónoma. En este caso, la comunidad gestiona la situación con sus medios propios.

La situación operativa 2 puede afectar a más de un municipio o provincia dentro de la misma comunidad autónoma y la dirección la ejerce igualmente la autoridad autonómica en Protección Civil, que activa los medios personales y materiales necesarios, como la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El comunicado del Ministerio de Interior del 31 de octubre sobre este nivel añade que el protocolo de ES-Alert, así como el envío de la alerta masiva a la población civil de la dana, «es responsabilidad de la Generalitat, como ya hicieron los gobiernos de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía en pasadas emergencias».

La situación operativa 3 se corresponde con las emergencias de interés nacional, declaradas por el Ministerio del Interior de acuerdo con la ley. Este nivel implica que el el Ministerio de Interior asumiría la gestión y coordinación de recursos, como movilizar efectivos. Según la Ley del Sistema de Protección Civil, esta subida de nivel puede producirse en cualquier momento.

Despliegue de medios

El número de efectivos desplegados a las zonas afectadas ha pasado de 7.300 militares a 14.898, a los que se suman 287 brigadistas forestales, un centenar de agentes aduaneros, 44 médicos forenses y 600 vehículos y maquinaria especializada para el bombeo, el abastecimiento y la limpieza.

Se ha restablecido el suministro eléctrico del 98% de los hogares afectados, se han reparado 40 km de carreteras, se han habilitado todos los carriles de la A-7 y de la A-3 norte, así como se ha reparado también 74 km de vías ferroviarias y se ha podido reactivar el servicio de media y larga distancia entre Valencia y Castellón, Tarragona, Teruel y Barcelona.