20 de septiembre de 2017
Durante la mañana del 20 de septiembre se llevó a cabo un operativo de la Guardia Civil en diferentes departamentos de la Generalitat con el objetivo de recabar información para impedir el referéndum convocado para el 1 de octubre, una consulta calificada de ilegal por el Tribunal Constitucional.
A las 8 y media se iniciaron los registros en las consellerías de Presidencia, Gobernación, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Exteriores. Los registros continuaron en la Administración Abierta de Cataluña y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y la empresa Indra, tanto en sus sedes de Barcelona como en Lleida.
A las 9 la Guardia Civil detuvo a Josep Maria Jové, secretario general de la conselleria de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, y mano derecha de Oriol Junqueras. Más tarde, detuvieron a otros dos responsables de la conselleria de Economía, el secretario de Economía, Pere Aragonès, y el de Hacienda, Lluis Salvadó. El total de detenidos fue de 14 personas.
A las 9 y cinco el Ayuntamiento de Barcelona propuso suspender su actividad pero el PSC, PP, Ciudadanos y Barcelona en Comú votaron en contra. El concejal de Esquerra Republicana, Alfred Bosch, escribió en su cuenta de Twitter. Es un estado de excepción que no toleraremos.
A las 9 y diez la CUP hizo un llamamiento a concentrarse frente al Departamento de Economía. Entretanto, decenas de manifestantes cortaron las Ramblas y la vía Laietana, a la altura de la plaza de Sant Jaume, cerca de la conselleria de Exteriores. Junto a la de Economía se encontraba entonces el diputado de ERC Joan Tardà.
A las 9 y cuarto en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián exigió a Mariano Rajoy que "saque sus sucias manos" de las consejerías en Cataluña. El presidente del Gobierno le reprendió, pero se centró en subrayar la defensa de la legalidad. El Congreso, del que salieron los diputados de ERC entre gritos y aplausos, vivió una tensa jornada. Los diputados de PDeCAT se sumaron a ERC y abandonaron el hemiciclo. Rajoy pidió a Cataluña que dirra marcha atrás y regresase al "sentido común".
A las 9 y media Carles Puigdemont convocó de urgencia a todo el Govern.
A las 11 y media continuaron los registros en una imprenta de Bigues y Riells, en donde se encontraron millones de papeletas impresas con el 'sí' y el 'no' y diferente material electoral para el referéndum. Entretanto, decenas de papeletas eran lanzadas desde la conselleria de Exteriores por las ventanas.
A las 12 Anna Gabriel (CUP) dió una rueda de prensa y calificó la situación de golpe de Estado. "No hay marcha atrás posible. El 1 de octubre votaremos".
A las 12 y media el Ministerio del Interior suspendió los permisos de los policías y guardias civiles que garantizaban el cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional.
A las 12 y media Carles Puigdemont denunció que España había suspendido de facto el autogobierno de Cataluña. Por otra parte garantizó que el 1-O se votaría.
A las 13 y cuarto Mariano Rajoy y Albert Rivera se reunieron de urgencia en La Moncloa. Pedro Sánchez también se reunió ese mismo día con Mariano Rajoy.
A las 13 y media el F.C.Barcelona emitió un comunicado en el que denunciaba los registros y defiendía el derecho a decidir.
A las 14 horas se hizo una concentración a las puertas del Palau de la Generalitat, organizada por la ANC y Omnium. Decenas de personas gritaban 'Votaremos, votaremos'.
A las 14 y media la policía Nacional acudió a la sede de la CUP en Barcelona y requisó varios carteles electorales.
A las 14 y 45 minutos el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se dió un baño de masas a la salida del Palau.
A las 15 horas las universidades públicas de Cataluña emitieron un comunicado en el que manifestaban que la única solución era el diálogo. Las clases se quedaron vacías después de que los estudiantes salieran en masa a la calle.
A las 15 y media la multitud increpó a los Mossos tras las detenciones: "Sois catalanes, ¿qué hacéis?"
A las 16 y cuarto se produjeron protestas contra las detenciones de varios miembros de la Generalitat.
A las 16 y media Carme Forcadell manifestó que "Nos encontramos ante la aplicación de un estado de excepción de facto".
A las 17 horas Cristóbal Montoro manifestó que el control del presupuesto catalán sería indefinido.
A las 18 y media Podemos convocó protestas en varias ciudades contra la actuación del Gobierno en Cataluña. La tensión en Cataluña sacudió el Ibex, con Sabadell y Caixabank a la cabeza.
A las 19 y media Susana Díaz manifestó su apoyo sin fisuras al Gobierno de Rajoy ante las detenciones en Cataluña.
A las 20 horas Vargas Llosa manifestó que esperaba que el Gobierno impidiera el golpe de Estado en Cataluña.
A las 20 y media el PSOE respaldó las detenciones y pidió a Puigdemont que desconvocase el 1-Ó.
A las 20 horas y 45 minutos la manifestación en apoyo a Cataluña de la Puerta del Sol no logró llenar ni media plaza.
A las 21 y cuarto Mariano Rajoy advirtió: "La Generalitat debe cesar en su actuación. Cada ilegalidad tendrá respuesta".
A las 22 horas Puigdemont relativizó las palabras de Juncker: "Bruselas no tiene posición oficial".
“Bueno, por principio la Comisión no interviene en los debates internos de un país cuando se trata de debates legítimos, democráticos, aceptables y aceptados. La Comisión de (Romano) Prodi, la Comisión (José Manuel) Barroso y la mía, siempre hemos dicho que en esa materia vamos a acatar las sentencias del Tribunal Constitucional español y lo que decida el Parlamento Nacional español. Está claro que si se diera un “sí” a la independencia de Cataluña, bueno, pues respetaremos esa elección. Pero al día siguiente, tras ese referéndum, Cataluña no se puede convertir en miembro de Europa. Tendrá que seguir un proceso de adhesión como todos los Estados miembros que han entrado después de 2004, no es un proceso automático”.
Registro en la consejería de Economía y Hacienda
El asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre en la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, en pleno centro de Barcelona, arrancó en realidad un día antes en un polígono industrial de Terrassa, a 30 kilómetros de distancia. Fue un primer ensayo. Una concentración de tres centenares de independentistas bloqueó durante tres horas el acceso de la comisión judicial a la empresa de mensajería Unipost y obligó a los agentes del Instituto Armado a prolongar hasta 12 horas el registro de sus instalaciones. La Guardia Civil pidió apoyo a los Mossos d'Esquadra, pero la policía autonómica no intervino hasta bien entrada la tarde. Los investigadores hallaron 45.000 cartas certificadas con el logotipo de la Generalitat que estaban listas para ser enviadas a los ciudadanos que debían integrar las mesas del referéndum.
Lo que se descubrió al día siguiente fue más útil aún para entender cómo el Govern de Carles Puigdemont tramó durante meses, con el más absoluto sigilo, su plan para forzar la ruptura de Cataluña con el resto de España. Pero el 20 de septiembre será más recordado por la movilización de hasta 60.000 personas en Rambla Catalunya para tratar de impedir el desarrollo de una operación policial dirigida por un juzgado. En los hechos de ese día se fundamenta parte de la acusación por rebelión contra los principales líderes del 'procés'.
Oficialmente, la operación Anubis contra los preparativos del referéndum empezó a las 7:50, cuando la Guardia Civil comunicó al resto de Fuerzas de Seguridad que operan en suelo catalán que, a partir de ese momento, se daba inicio “a diferentes actuaciones policiales de investigación”. Se produjeron 14 detenciones, en su mayoría cargos intermedios de la Generalitat que habían llevado el peso tecnológico y logístico de la consulta, y se efectuaron 41 entradas y registros en diferentes puntos de Barcelona, Sabadell, Hospitalet de Llobregat, Les Franqueses…
Las primeras noticias sobre el operativo provocaron un latigazo, un calambre, en el mundo independentista, que temió que la consulta fuera abortada. Pronto surgieron movilizaciones espontáneas contra el operativo en diferentes lugares de la geografía catalana. Pero en torno a las 10:00, la Secretaría General de Hacienda de la Consejería de Economía se convirtió en epicentro de la protesta. A ello contribuyeron los llamamientos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, los partidos independentistas y el propio Govern de Carles Puigdemont, que animaron a sus seguidores a concentrarse en las Ramblas para asegurar la celebración del referendum y repeler una actuacion policial que consideraban ilegítima. Solo dos horas después de que los vehículos de la Guardia Civil aparcaran frente el edifico del departamento que comandaba Oriol Junqueras, la masa ya había provocado el corte del tráfico rodado.
La Guardia Civil envió a los Mossos una primera solicitud de ayuda a las 9:14. A lo largo del día se tramitaron otras cinco peticiones de apoyo. Una de ellas, cursada por el Instituto Armado a las 12:02, solicitaba “la habilitación de un pasillo de seguridad que permita la práctica de la diligencia de entrada y registro con la comisión judicial, así como su salida de la ubicación citada”. Para ello, exigía a los Mossos que adoptaran las “medidas disuasorias necesarias (vallas, distancias de seguridad, personal y medios necesarios...) para mantener el orden público”.
En una petición posterior, remitida solo una hora más tarde, a las 13:20, la Guardia Civil ya advertía de que la manifestación los había dejado aislados dentro de la sede de Economía y Hacienda y que sus vehículos, en los que había “material y equipo de la Unidad del Grupo de Reserva y Seguridad”, podían ser saqueados, como así ocurrió. Esta nueva solicitud de refuerzos fue más directa: “Que por personal a pie de las Unidades Antidisturbios de los Mossos se habilite un pasillo con las garantías de seguridad que garanticen y permitan a los guardias civiles allí desplegados acceder a los vehículos”.
Para cuando llegó el primer agente de los Mossos a valorar la situación, a las 14:30, los investigadores del Instituto Armado ya habían comprobado gracias al circuito de cámaras de seguridad de la consejería que los más “exaltados” estaban intentando “acceder al interior del edificio”. “Los congregados se fueron aproximando cada vez más a la fuerza actuante, tomando una actitud más hostil”, recoge la Guardia Civil en un informe incorporado al sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. “La concentración cada vez mayor de gente, la proximidad física a los agentes y los insultos e increpaciones recibidos, motivaron que los agentes del GRS —que se encontraban protegiendo el acceso al edificio— se vieran a obligados a adentrarse para evitar un enfrentamiento directo, que la presencia de efectivos de Mossos d'Esquadra no era suficiente para controlar a los manifestantes”.
Los vehículos empezaron a ser vandalizados por la multitud. Sufrieron pinchazos en las ruedas, golpes en la carrocería y roturas de cristales. También se robó material de su interior. El vigilante de seguridad del cementerio de Montjuic encontró el 21 de septiembre a las 18:00 dos mochilas dentro del recinto del camposanto que contenían munición reglamentaria, identificaciones de agentes de la Guardia Civil que habían formado parte del dispositivo de la operación Anubis y otros objetos personales. El material había sido sustraído de los Patrol del Instituto Armado durante el cerco de la Rambla. Dos días después, el 23 de septiembre, los Mossos devolvieron el material a sus propietarios, pero faltaban objetos. Nunca aparecieron unas gafas de sol, linternas tácticas, pasamotañas, guantes, una boina oficial del Instituto Armado ni un casco antidisturbios. Tampoco 25 balas de munición 9 milímetros Parabellum. Se desconoce su paradero.
Los informes posteriores de la Guardia Civil sobre el asedio destacan el liderazgo que ejercieron la ANC, Òmnium y los dirigentes independentistas, al contribuir con sus llamamientos a que los manifestantes permanecieran durante horas frente al organismo de la Generalitat. Los investigadores destacan especialmente el papel de la ANC. “Se pudo observar la organización y coordinación de la misma y el seguimiento que se hacía de las instrucciones de personas ataviadas con un peto de color verde (posiblemente voluntarios pertenecientes a la ANC), que formaron una cadena humana que, de manera efectiva, bloqueaba el acceso al interior del inmueble por parte de los manifestantes, facilitaba la salida de las autoridades y trabajadores que se encontraban aún dentro del edificio pero no de la comitiva judicial”. Los agentes añaden que, “además de la capacidad de movilizar a la masa, se podía observar cómo [los voluntarios de la ANC] promocionaban el mantenimiento del cerco con el reparto de agua y comida”.
Por la tarde, quedó claro que los jefes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, podían manejar a su antojo la masa. “Se erigieron como interlocutores de la concentración afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines, negociando durante al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad, planteando diferentes opciones que les convenían para sus fines políticos, pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos”. Pese a su dominio de la protesta, “este control nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigados cumplir con las órdenes del juez”, refleja la Guardia Civil en los informes.
A las 20:20, lejos de desconvocar la protesta, el líder de la ANC arengó a los concentrados para mantenerla activa. “Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”, proclamó Jordi Sànchez. Para entonces, tras un leve descenso en la mitad del día, volvía a haber frente al Departamento de Economía unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana; 60.000, según la Guardia Civil. El propio Sànchez admitiría días después en su declaración en el Tribunal Supremo que, sobre las 22:00, llamó al 'major' de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, porque se produjo “un momento de tensión con la policía autonómica”. “¿Eso no lo considera usted violento?”, le preguntó el fiscal. “Fue un acto de resistencia no violenta pero que tiene una conducta firme”, respondió el presidente de la ANC tirando de eufemismos.
A esa hora ya había concluido el trabajo de la comisión judicial en la Secretaría General de Hacienda, pero los manifestantes impedían su salida. Los agentes y la letrada de la Administración de Justicia permanecían “sitiados y retenidos en contra de su voluntad dentro del edificio”. Pese a las múltiples peticiones de ayuda cursadas por la Guardia Civil, los Mossos seguían sin intervenir.
En torno a las 23:30, la letrada de Justicia decidió escapar de allí como fuera. “Pongo de manifiesto la sensación de absoluto abandono que padecí y el terror de ver aquella cantidad de gente enardecida y fuera de control”, relató luego en un escrito sobre ese episodio. “No podía soportar ya más la presión”, por lo que aceptó el ofrecimiento de salir por un acceso trasero, “trepando y escalando tejados y azoteas”. “Esta letrada jamás ha sentido mayor vergüenza y humillación al verse obligada a escapar cual delincuente, escondiéndose de la vista de unos alterados, cuando únicamente había cumplido con mi deber y representado al poder judicial como así se me había encargado”.
A las 00:13, 16 horas después del inicio del registro, el presidente de Òmnium cogió un megáfono y se subió a uno de los coches de la Guardia Civil para pedir a la multitud que “la movilización no se detuviera”. Junto a Jordi Sànchez, Cuixart llamó a una “movilización permenente a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo (…), y vista la situación provocada, pidió a los manifestantes que se disolvieran sin poder controlar la concentración”.
Muchos decidieron quedarse para continuar el asedio y enfrentarse a los Mossos d'Esquadra, que no realizaron su primera carga hasta las dos de la madrugada, cuando apenas quedaban ya unos 2.000 concentrados. La policía autonómica solo recurrió a la porra. Pretendía recuperar el control del acceso al edificio. Pero no lo consiguió. “La masa volvió a intentar acceder al interior del edificio por la fuerza, teniendo que actuar agentes que se encontraban en el interior sujetando la puerta para evitar que esta se viniera abajo y los manifestantes accedieran de forma violenta”, reflejan los informes de la Guardia Civil.
Los primeros agentes no pudieron abandonar la Secretaría General de Hacienda hasta las cuatro de la madrugada, cuando los Mossos hicieron por fin un cerco en torno al edificio. Los últimos salieron a las siete, casi un día después de su entrada. Unas grúas recogieron después los vehículos de la Guardia Civil. Reparar los desperfectos costó 135.632 euros, según consta en diligencias de la Audiencia Nacional.
La operación Anubis permitió localizar documentos fundamentales para la investigación sobre el 'procés'. Ese día, la Guardia Civil encontró en la vivienda del entonces secretario general de Vicepresidencia del Govern, Josep Maria Jové, presunto cerebro del 1-O y mano derecha de Oriol Junqueras, una agenda repleta de notas manuscritas con minuciosos detalles de las reuniones clandestinas en las que se había acordado la hoja de ruta para la declaración unilateral de independencia (DUI). La agenda también reveló quiénes habían participado en esas citas.
En la Secretaría General de la Generalitat también se halló información valiosa. Otro de los hombres de confianza de Junqueras, Josep Lluís Salvadó, entonces secretario de Hacienda, con despacho en ese edificio, telefoneó a su secretaria en cuanto supo que la Guardia Civil había acudido a registrarlo para pedirle que se deshiciera de informes y dosieres comprometedores. “Encima de la mesa de reuniones (…) Toda la pila de papeles que hay (…) Sal fuera al patio y lánzalos fuera, ¿me oyes?”, pidió Salvadó. No le sirvió de mucho.
La Guardia Civil encontró esos documentos y también otros que guardaba en su ordenador y su correo. Algunos de esos papeles dejan claro que el Govern de Puigdemont ya tenía listos los decretos que iba a aprobar al día siguiente de la DUI para quedarse todas las competencias del Estado. Asimismo, revelaron que Salvadó había trabajado intensamente en los últimos meses para que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pudiera apropiarse automáticamente de la recaudación del IVA, el impuesto de sociedades, el IRPF y hasta los impuestos especiales. En su correo había hasta un plan para crear unas Fuerzas Armadas en Cataluña integradas por 22.000 soldados. Parte de los dispositivos electrónicos incautados en la operación Anubis sigue todavía pendiente estudio.
El episodio del 20-S es una piedra angular en el auto de procesamiento del Tribunal Supremo contra los responsables de la Generalitat y los líderes de la ANC y Òmnium por un delito de rebelión. A juicio del instructor, Pablo Llarena, ese “violento levantamiento” fue el pistoletazo de salida para lo que ocurriría en los días siguientes con la única intención de “llevar a término un referéndum prohibido por los tribunales y del que dependía la declaración de independencia”, “pues la votación pasaba por superar la intervención de los Mossos d’Esquadra y de 6.000 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que habían sido desplazados para garantizar el cierre de los 2.259 centros de votación”. Los independentistas pudieron comprobar el 20-S que los Mossos no iban a hacer nada para detenerlos.
Referéndum del 1 de octubre de 2017
El 1 de octubre de 2017 se intentó materializar un proceso hacia la soberanía de Cataluña, un proceso cargado de tensión. Tras la Diada de aquel año, en la que miles de personas salieron a pedir el 'sí' en la consulta popular, declarada ilegal, arrancó la campaña de lo que acabó siendo una jornada que dio mucho que hablar, no solo en España, sino en todo el mundo.
A pesar de que los independentistas enarbolaron la bandera de su derecho a la autodeterminación de los pueblos, lo cierto es que el sistema constitucional español no prevé la posibilidad de una consulta de estas características de forma lícita sin que exista antes una reforma constitucional. A esto se suma que el Tribunal Constitucional prohibió expresamente el referéndum del 1-O, aunque la Generalitat decidió basarse en una "nueva legalidad catalana" para defender su consulta. Aun así, el referéndum tuvo lugar.
Así se desarrolló a lo largo del día:
Desde las 5:30 de la madrugada, decenas de personas comienzan a hacer cola en los colegios de Cataluña para impedir que los cierren. Media hora después, los Mossos d'Esquadra empiezan a desalojar y precintar los centros de votación. A partir de las 7:30 empiezan a llegar las urnas, pero poco después el Govern se acoge al censo universal y abandona una posible cobertura legal del 1 de octubre.
A las 9:00 finalmente abren los colegios y centros de votación, y al mismo tiempo los primeros incidentes. Ante la pasividad de los Mossos a la hora de desalojar, las fuerzas de seguridad del Estado comienzan a actuar. La Policía Nacional activa su operativo y entra por la fuerza en el colegio donde tenía previsto votar Carles Puigdemont, y la Guardia Civil tumba el sistema informático que recogía los datos de las votaciones. Antes de las 11:00 la tensión ya se ha elevado, y comienzan a producirse choques violentos entre policías y manifestantes.
Vallas lanzadas contra la policía.
Se ahonda la grieta que divide España.
Manifestaciones de personajes pro referéndum.
Coche de Mossos de Esquadra decorado con flores.
Finalmente Puigdemont puede votar, y al salir da el pistoletazo de salida a las valoraciones políticas. Le siguen Carme Forcadell, Gabriel Rufián, Albert Rivera, Xavier García Albiol... Ante la tensión violenta en las calles, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, culpa a Puigdemont de ser el único responsable de lo que sucede en Cataluña. Entretanto, Soraya Sáez de Santamaría sostiene que lo que ha tenido lugar no es ni un referéndum ni tiene apariencia de tal.
Mientras las colas continúan en los centros de votación, el partido de fútbol entre el FC Barcelona y la UD Las Palmas, cuya suspensión se puso sobre la mesa, acabó disputándose a puerta cerrada. Entretanto, Jordi Turull anuncia que todo aquel que a las 20:00 no haya logrado votar, podrá hacerlo más tarde. Y fuera, en las calles, los incidentes no cesan: seis personas son detenidas, y casi 800 han resultado heridas. Al final de la jornada el balance definitivo de heridos crece y se aproxima al millar.
A las 20:00 se cierran los colegios, y media hora después comparece el entonces presidente del Gobierno central. Mariano Rajoy valora el referéndum y agradece a los jueces y fiscales por aplicar la ley "a pesar del acoso". Entretanto, Pedro Sánchez deja claro su "profundo desacuerdo" con las cargas policiales. Por su parte, Puigdemont insiste: "Nos hemos ganado el derecho de un estado independiente".
Agresiones a policías y guardias civiles
Las personas congregadas en uno de los colegios de Cataluña donde intervino la Guardia Civil el 1 de octubre de 2017 para impedir la celebración del referéndum ilegal intentaron quitar el arma a uno de los agentes. Así lo declaró al tribunal que juzgaba el intento independentista catalán el guardia civil que sufrió este incidente, en un centro de la localidad de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona).
"¿Intentaron arrebatarle el arma reglamentaria, la pistola?", preguntó el representante del Ministerio Fiscal, Fidel Cadena. "Sí, intentó arrebatarme el arma una persona de atrás de las que habíamos sacado", afirmó el testigo, en referencia a uno de los manifestantes que estaba congregado en la entrada del centro para evitar el acceso a los agentes.
El testigo relató de manera detallada cómo intentaron quitarle el arma, agradeciendo que no lo consiguieran y reconociendo que el ambiente era de "bastante hostilidad". "En primer lugar tiró de un cable antihurto que va unido a la pistola y al cinturón para evitar que te quiten el arma", "Lo arrancaron".
"¿Arrancaron el cable antihurto?", repreguntó el fiscal. "Sí, y hay que hacer bastante fuerza, porque está preparado para que no se rompa. Lo arrancaron y posteriormente asieron el arma por la empuñadura. Pero con esa funda que tenía, tienes que coger el arma de una manera para tirar de ella, sino no sale. Gracias a Dios, no encontraron el mecanismo para que saliera", ha agradecido el agente, que resultó lesionado con un hematoma en el brazo derecho, desde el hombro hasta el codo.
La sesión de tarde del juicio contó con el testimonio de guardias civiles que sufrieron lesiones cuando acudieron a los centros electorales para proteger a los miembros de la policía judicial que entraron a requisar el material electoral. A preguntas del abogado Jordi Pina, letrado de los acusados Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, uno de los testigos lesionados terminó por interrogar al abogado y tumbar los argumentos de esta defensa.
El letrado comenzó leyendo parte del informe médico de este agente, que actuó en uno de los colegios y recibió "patadas de toda la gente que estaba allí" mientras estaba tendido en el suelo. Al no completar la lectura del informe, el guardia civil se atrevió a preguntar al abogado: "¿Puede seguir leyendo?". Pina prosiguió la lectura, pero sin terminar de leer el informe hasta el final. "¿Puede seguir leyendo?", volvió a preguntar el agente.
Fue entonces cuando el abogado leyó la frase que describía las lesiones sufridas por este guardia civil: "Y presenta hematomas en brazos y piernas". Esta situación provocó una llamada de atención al letrado por parte del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que recriminó al abogado que preguntase "sobre un documento fraccionado".
A preguntas del fiscal, este testigo relató lo que calificó como "actitud hostil" de los concentrados, "increpándonos, haciendo aspavientos". Declaró que un manifestante le cogió el escudo "con violencia", le quitaron "la defensa [la porra] poco después dando golpes". Fue entonces cuando cayó al suelo, llegando a "perder hasta el casco de protección", según su testimonio, asegurando que le "siguieron pegando sin casco". "Cuando conseguí salir me pegaron un puñetazo en la nuca", ha concluido su relato, reconociendo una "actitud desafiante" entre los manifestantes.
Otro de los agentes que ha testificado ha declarado que recibió "una patada en los genitales". "Hubo agarrones, empujones, patadas. Hubo muchísima resistencia", ha respondido a preguntas del fiscal Cadena, afirmando que las personas les "gritaban" y "escupieron" y que había agente de Mossos que "estaban observando" pero no tuvieron "ninguna participación activa".
De los 12 agentes que han declarado en la tarde de este miércoles, casi todos han coincidido en que los manifestantes les grabaron con teléfonos móviles mientras actuaban. "Grabaron todos nuestros movimientos", ha afirmado el teniente de la Guardia Civil que supervisó el dispositivo de un centro electoral, que describió también como un agente cayó y un manifestante "le aplica una técnica de estrangulamiento en el suelo" y el guardia gritó "que me asfixio".
"Mucha gente grabando y grabando", ha declarado otro teniente de la Guardia Civil que intervino en el operativo en un colegio en Castellgalí (Barcelona). A preguntas del fiscal, este testigo ha asegurado que intentaban que los agentes "perdieran el control y los papeles". "Nunca he visto tantos móviles, a lo mejor en un concierto de adolescentes", ha señalado este testigo, que ha respondido a la Fiscalía que "el repliegue fue lo peor", en referencia a la retirada de los guardias civiles.
"Es la masa la que impone el ritmo", ha declarado, afirmando que sus "hombres van marcha atrás andando y la masa sigue cantando y empujando". "Todo el tiempo provocación y provocación tras provocación", ha afirmado este agente.
Fuentes de Interior han informado que la mayoría de agentes resultaron "heridos de carácter leve por contusiones, arañazos, mordiscos y patadas".
Del total, 39 agentes, 19 policías nacionales y 20 guardias civiles, precisaron asistencia médica inmediata.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha señalado que de las 893 personas heridas o contusionadas como consecuencia de las intervenciones policiales, solo cuatro permanecen hospitalizadas, dos de ellas de gravedad pero estables.
Una se encuentra en el hospital de Sant Pau de Barcelona, por una herida en un ojo producto posiblemente del impacto de una pelota de goma, y otra en el Hospital Vall d'Hebron.
También ha aludido al uso de "productos deslizantes" al paso de los agentes que acudieron a un centro, el de Sant Esteve Sesrovires, lo que parece conectar con la declaración en una sesión anterior del exdelegado del Gobierno, Enric Millo, que habló de que algunos agentes cayeron en la "trampa del Fairy" consistente en la utilización de este detergente para que acabaran en el suelo, donde recibían patadas en la cabeza.
Huelga general del 3 de octubre de 2017
El martes 3 de octubre de 2017 los sindicatos CGT, CNT, COS, I-CSC e IAC, así como los diferentes Comités de Defensa de la Huelga, sucesores de los Comités de Defensa del Referéndum convocaron una huelga general. El motivo de la convocatoria fue denunciar la vulneración de derechos y el empeoramiento de las condiciones laborales en diferentes centros de trabajo a consecuencia de la intervención en ellos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dentro de la Operación Anubis, que pretendía evitar la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña. La solicitud de huelga fue tramitada el 21 de septiembre y de acuerdo con el preaviso legalmente establecido, esta no se pudo realizar antes del 3 de octubre.
Paralelamente, el 1 de octubre, la Mesa por la Democracia también decidió convocar una huelga general, bajo el nombre de Parada de país, para el mismo 3 de octubre. La composición de esta plataforma era heterogénea, agrupando a entidades sociales (Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural), organizaciones sindicales (CCOO, UGT, USOC) y organizaciones patronales (PIMEC, CECOT), entre otras muchas.
Cataluña fue a la huelga sin ningún entusiasmo por parte de CCOO y UGT. Fueron sindicatos alternativos los que convocaron oficialmente la huelga: I-CSC, CGT, IAC y COS. Fue más tarde que se añadieron algunas pequeñas patronales y las dos principales centrales sindicales que, arrastrando los pies y tratando de diluir el carácter combativo de la convocatoria, llamaron a un “paro de país” en el que trabajadores y empresarios llegasen a un acuerdo para detener los centros de trabajo durante unas horas y no toda la jornada.
El gran seguimiento se dejó notar en educación, sanidad, transporte, comercio e incluso en el ámbito de la justicia. El 63% de los trabajadores de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se sumó a la huelga. Una de las imágenes significativas de aquél 3-O fueron los trabajadores de las oficinas centrales de Caixabank bajando a cortar la Avenida Diagonal.
Se convocó después de que el 20 de septiembre la policía detuvo a algunos miembros del Govern y registró sus dependencias, a la vez que trataba de hacer lo mismo en la sede de la CUP aunque un muro humano se lo impidió. Pero la huelga adquirió grandes proporciones como protesta por las cargas policiales del primero de octubre, día del referéndum. Tampoco se ha de olvidar que desde el Govern y la administracion se alentó a la participación en la huelga, sin que la participación en la misma tuviera ninguna penalización económica.
Asalto a la comisaría de Vía Laietana en octubre de 2019
El viernes 18 de octubre de 2019 la Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya convocaron una huelga general para protestar ante la sentencia del juicio a los líderes políticos y sociales del procés independentista. Dado que las huelgas por motivos políticos están prohibidas en España, se convocó formalmente como protesta por la pérdida de derechos de los trabajadores y para exigir la subida del salario mínimo interprofesional a 1.200 euros. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se desvincularon de esta convocatoria. Era esta la cuarta huelga general en menos de dos años relacionada con el proceso de independencia de Cataluña. También apoyaron la huelga Unió de Pagesos de Catalunya, el Sindicat d'Estudiants y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
Coincidiendo con la huelga general, ese día confluyeron en Barcelona las seis Marchas por la Libertad, que echaron a andar desde diferentes puntos de Cataluña: Berga, Castelldefels, Gerona, Tarragona, Tárrega y Vic. Cinco de ellas fueron organizadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural y La sexta organizada por los Comités de Defensa de la República (CDR).
A las seis y media de la tarde, cuando la manifestación empezó a dispersarse, se produjeron disturbios y cargas policiales en la Vía Laietana, en las inmediaciones de la comisaría de la Policía Nacional, y se iniciaron los disturbios en los alrededores de la Plaça Urquinaona.
Una columna de humo negro se elevó diez metros sobre la ciudad mientras los manifestantes incendiaban contenedores de basura y un quiosco. Miles de personas se congregaron en las calles aledañas coreando: "¡Las calles siempre serán nuestras!".
Cuatro horas después de los primeros enfrentamientos, la Vía Laietana era un campo de batalla sembrado de escombros. La policía luchó por controlar la situación, disparando balas de goma y gases lacrimógenos, y más tarde esa misma noche, se desplegó un cañón de agua de los mossos de esquadra contra los manifestantes por primera vez desde que se compró a Israel en 1994.
Los manifestantes se dispersaron entonces por las calles aledañas, donde levantaron barricadas y se enfrentaron a la policía. Al menos 35 personas resultaron heridas y hubo 10 arrestos.
El gobierno español dijo que un grupo de unos 400 manifestantes estaba atacando a la policía y advirtió que cualquiera que participara en actos similares se enfrentaría a penas de seis años de prisión.
Las autoridades anunciaron el viernes por la noche que 207 agentes resultaron heridos en los disturbios. Casi 800 contenedores fueron incendiados y 107 vehículos policiales resultaron dañados.
La versión de los manifestantes
Lo advertían dos jóvenes manifestantes de Olot y Banyoles la madrugada del jueves al viernes. "Mañana va a ser la noche más grande. Va a bajar muchísima gente de toda Catalunya". Acertaron plenamente su pronóstico. Fue la jornada de más disturbios, que empezaron a las cuatro de la tarde (mucho antes que en las jornadas previas) y concentraron la batalla en la Via Laietana.
Mossos y Policía Nacional blindaron el acceso a la comisaría de estos últimos en la misma calle, lugar habitual de protestas independentistas. La de este viernes era la noche que más preocupaba a los cuerpos policiales, conscientes de que muchos jóvenes del resto del país se sumarían a las protestas.
Fuentes de los Mossos confirmaron que desde el tercer día de disturbios en Barcelona se habían detectado anarquistas italianos, griegos y alemanes bregados en la lucha anticapitalista y se temía que pudieran llegar ayer también más antisistemas procedentes de otros países.
Los disturbios en los aledaños de la plaza de Urquinaona duraron más de seis horas, desde las cuatro de la tarde hasta que los agentes recurrieron al Botijo: una tanqueta con cañón de agua adquirida por los Mossos d’Esquadra en el 1994 para dispersar movilizaciones y que hasta ahora nunca se había utilizado.
Vació de un plumazo la calle y sus aledaños de barricadas después de que una acción coordinada entre Mossos y Policía Nacional barriera la zona. Hasta entonces la estrategia policial había sido llenar la Via Laietana y sus calles aledañas de agentes antidisturbios para intentar aguantar el asedio.
Los agentes respondieron con gas lacrimógeno, pelotas de goma y de foam a las acometidas de los manifestantes, que iban concienzudamente preparados para la refriega: muchos de ellos llevaban ropa táctica, protecciones para brazos y ojos y actuaban de forma organizada: aunque los botes de gas lacrimógeno generaban pánico, rápidamente había quien llamaba a la calma y a no salir huyendo mientras otro, equipado con guantes y gafas, recogía el bote para lanzarlo al otro lado de la barriada en llamas. Aguantaban el pulso lanzando sin cesar cohetes y una lluvia de piedras, canicas y tuercas.
Tras la dispersión de los cuerpos policiales, las calles más céntricas de Barcelona dejaron una imagen demoledora: destrozos, piedras, adoquines por doquier, restos de mobiliario urbano chamuscado y también pelotas de goma, salvas y restos de balas de foam. Un reducto de los manifestantes más radicales se movió por las calles colindantes hasta la sede de la Conselleria d’Interior y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) prendiendo contenedores a su paso.
Al filo de la medianoche, al cierre de esta edición, había registrado un total de 77 heridos en Catalunya, 52 de los mismos en Barcelona. Los periodistas, pese a estar ataviados con sus brazaletes y petos naranjas, volvieron a ser uno de los objetivos. Hasta ayer había ya 38 periodistas heridos, muchos por la acción policial.
Agentes de la Policía Nacional redujeron con violencia al fotógrafo de 'El País' Albert García y se lo llevaron esposado tras captar con su cámara otra actuación policial en Pau Claris con Urquinaona. Tanto García como los periodistas heridos estaban cumpliendo con su trabajo: informar.
La versión de los policías nacionales
"Estábamos en el aeropuerto de El Prat y sobre las siete de la tarde nos mandaron a la zona de Vía Laietana porque los compañeros de Valladolid se estaban quedando sin material y llevaban mucho tiempo aguantando allí. Había que relevarlos. Fue una auténtica barbaridad; no he estado nunca en un campo de batalla, pero debe ser parecido a lo que yo vi aquel día".
Será difícil que este policía coruñés y el resto de agentes que se desplegaron en el entorno de la Plaza Urquinaona olviden la tarde-noche del 18 de octubre de 2019, cuando tuvieron que repeler los ataques de los radicales independentistas en el servicio más comprometido desde que se crearon los Antidisturbios.
Hacía cuatro días que el Tribunal Supremo había dictado la sentencia que mandaba a prisión a los líderes del proceso secesionista -entre ellos el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras- y la turba encadenaba varias jornadas manifestando su rechazo al fallo judicial en puntos estratégicos de Barcelona. Difícil recordar en España altercados tan violentos como los que se registraron aquel 18-O en la capital catalana. "No creo que ni en los peores momentos del País Vasco se viviera nada igual", indicaba uno de los policías nacionales que integraron el dispositivo.
La mayoría de los funcionarios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que el Ministerio del Interior había enviado como refuerzos desde distintos puntos de España en previsión de incidentes acumulaban años de experiencia en servicios calientes. Muchos habían estado en Cataluña con motivo del referéndum del 1-O (2017), cuando recibieron órdenes junto a la Guardia Civil de evitar que se pudiera llevar a cabo la votación ilegal. Pero ninguno podía imaginar realmente a lo que se iban a enfrentar aquella jornada en la que la ira se instaló en la calle. "Si no es con imágenes, es difícil explicar con palabras lo que vivimos aquella noche", según un agente de la I UIP (con base en Madrid e indicativo Puma).
"Llevaba entonces 13 años en la UIP y he estado en primera línea en manifestaciones de mineros en Madrid, partidos de alto riesgo, otros acontecimientos... Pero nunca había visto la violencia y agresividad de aquel día", destaca un 'antidisturbios' gallego que iba de escudero. También su grupo (Raya) había sido requerido para reforzar a los compañeros desplegados en el eje Via Laietana-Plaza Urquinaona, escenario de la batalla campal librada ante los ojos de medio mundo.
Aquella jornada fue larga, demasiado larga. Desde por la mañana, centenares de personas se manifestaban a las puertas de la Jefatura Superior de Policía, en la céntrica Via Laietana. "A las 11 horas ya estábamos con todo el material puesto. Estuvimos aguantando, aguantando, aguantando... Sufrimos agresiones ante las que hubiéramos respondido al instante en cualquier otro lugar de España, pero los jefes nos decían que había 15.000 personas en Plaza Catalunya y que si empezábamos a actuar a las 12 de la mañana nos desfondaríamos y no tendríamos fuerzas para aguantar 18 horas al máximo nivel", rememora un Jaguar, indicativo asignado a la II UIP (base en Barcelona).
Entrada ya la tarde, los funcionarios empezaron a avanzar para hacer retroceder a los violentos, que organizaban barricadas con contenedores y otros elementos del mobiliario urbano y lanzaban piedras y todo tipo de objetos para dificultar la respuesta policial. La calles próximas a Urquinaona eran el epicentro del enfrentamiento, retransmitido en tiempo real. "En algunos momentos se llegó al cuerpo a cuerpo", subraya uno de los agentes, que comparte la opinión expresada por otros funcionarios: la organización que tenían los manifestantes y el grado de virulencia con la que se emplearon.
"Nos querían matar, ésa era la sensación. Llevo en la unidad desde los primeros años y jamás había trabajado con esa intensidad", destaca un policía, sorprendido por el material que utilizaron los violentos en la refriega: adoquines, piedras, motosierras, mazos, picos, palas martillos, llaves inglesa... "Aquello parecía el Leroy Merlin", bromea uno de los agentes.
Varios policías sufrieron graves heridas aquel día por el impacto de los objetos que les lanzaron. Un policía vigués (Iván A.F.) hubo de permanecer ingresado 17 días en la UCI -13 en Barcelona y cuatro tras regresar en un avión medicalizado a Galicia- debido a la fractura del hueso occipital, lo que le ha dejado una grave secuela: la pérdida de visión. A Ángel H.S. le fracturaron el radio de su brazo derecho, por lo que tuvieron que operarle para colocarle una placa y seis tornillos. Tampoco ha vuelto a vestir el uniforme. Y Álvaro G.B., destinado en Barcelona y que cayó desplomado en las inmediaciones de la Plaza Urquinaona al golpearle un objeto pesado en la cabeza, sufre secuelas psicológicas desde entonces.
"Saldríamos desde la Jefatura Superior como a las cinco y calculo que no fuimos capaces de llegar hasta Plaza Catalunya hasta las 22.30 o 23 horas. Y habrá menos de un kilómetro. Avanzábamos 50 metros y casi no podías mantener la posición porque levantaban otra barricada y nos la lanzaban", cuenta un agente que también vivió en primera persona aquella actuación. Y añade: "Utilizábamos todo el material que teníamos a nuestro alcance, pero no podíamos evolucionar todo lo rápido que queríamos no sólo por la cantidad de gente que había y por los objetos que nos arrojaban, sino porque nos quedamos cuatro o cinco veces sin material".
Uno de los mandos que participaron en el dispositivo cifra en "9.000" el número de pelotas de goma que los Antidisturbios de la Policía Nacional dispararon aquellos días en Barcelona. "No sé en la Transición o en conflictos de los Astilleros en los años 80, pero esa cantidad es una barbaridad. Se tiró todo lo que teníamos, no podíamos con ellos. Esto estaba muy orquestado", sostiene.
Aquel día se puso verdaderamente a prueba el material de defensa que emplean los Antidisturbios. No sólo los cascos, que se someten a exigentes pruebas de resistencia -tienen que soportar temperaturas extremas y disparos a escasa distancia sin que perforen la superficie- para garantizar la seguridad de los funcionarios en el desempeño de su trabajo. También el resto de protecciones del cuerpo y el armamento.
"Nuestras escopetas - Franchi del calibre 12- estaban tan calientes que teníamos que dejar de disparar; aparte de que nos quedábamos sin pelotas y teníamos que recuperar todo lo que podíamos según avanzábamos. Había momentos en que las bocachas no nos facilitaban esa labor", explica uno de los policías.
Una de las críticas a aquel dispositivo fue que no se autorizara el uso del camión lanza-agua, vehículo utilizado por policías de otros países para desalojar a los manifestantes. El vehículo viajó a Barcelona, pero no salió de las instalaciones policiales de la Zona Franca -donde tiene su base la II UIP- en lo que se atribuye a una decisión de carácter exclusivamente político. Sí sacaron a la calle los Mossos su tanqueta para derribar las barricadas de los violentos ante la intensidad de los enfrentamientos en la noche del 18-O.
Cuesta trabajo imaginar qué hubiera ocurrido aquel día si el peso de la respuesta policial hubiera recaído exclusivamente en la Policía de la Generalitat, el Cuerpo que tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público en Cataluña. La desconfianza que despertó su actuación el 1-O (2017) por no impedir la celebración de la consulta independentista quedó disipada el 18-O (2019). "Con toda honestidad, nos reunimos con ellos y nos dijeron que venían mal dadas y que no llegaban. Pusieron sus cartas encima de la mesa y nos repartimos la tarta. Hacía años que no pasaba eso en Cataluña", resalta un mando policial.
Bautizada como 'Operación Ícaro', la Policía Nacional envió un contingente a Cataluña a principios de octubre de 2019 en previsión de los disturbios que se registrarían cuando el Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia del procés, como así sucedió. También el Cuerpo de Mossos movilizó todos sus recursos en el marco del ‘Plan Minerva’ para reforzar su capacidad operativa ante los incidentes que se esperaban.
La actuación de aquel 'viernes negro' en Barcelona ha quedado grabada a fuego en la Unidades de Intervención Policial. Ni el mando más retorcido habría podido imaginar en el peor de los sueños un 'entrenamiento' más extremo para sus integrantes en el Centro de Prácticas Operativas de la Enira (Linares) como el desafío al que tuvieron que enfrentarse aquella tarde-noche de otoño en la que llovían piedras. "Venía un compañero que había pertenecido a los Grises y no recordaba nada igual. Fue una auténtica barbaridad", apostilla un policía. Ni él ni ninguno de sus compañeros lo olvidarán.
Entrega de los Premios Princesa de Asturias 2017
Mariano Rajoy asistió en el Teatro Campoamor de Oviedo a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2017, presidida por los Reyes. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recogieron el Premio Princesa de Asturias de la Concordia concedido a la Unión Europea.
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