La fallida insurrección de diciembre de 1930

El siguiente análisis del levantamiento de diciembre de 1930 es de Santos Juliá.

De modo que de revolución, en el sentido de participar con otros elementos para traer una república, no volvió a hablarse hasta que la caída de Primo de Rivera en enero de 1930 disparó de nuevo la expectativa de apertura de un proceso constituyente. Como en 1917, la movilización contra la monarquía que se extendió entre estudiantes universitarios, intelectuales y profesionales, contagió a los líderes obreros que muy pronto se declararon a favor de la república y contra cualquier intento de encontrar una salida a la dictadura como la que pregonaban los constitucionalistas monárquicos.

(Las siguientes imágenes son de AHORA del 19 de diciembre de 1930.)

Largo Caballero, el máximo responsable de la política de colaboración con la Dictadura, dejó muy claro, en un homenaje a Pablo Iglesias celebrado dos meses después de la caída del dictador, que su opción política rebasaba los límites de una reforma constitucional: "si alguien me pregunta si quiero Cortes constituyentes, le respondo que república; si alguien me pregunta que si quiero Cortes ordinarias, le respondo que república; y si alguien me pregunta usted qué quiere, contesto: República". Quiero la República, añadía Largo, "para después naturalmente cumplir con nuestra obligación haciéndola derivar hacia la tendencia socialista".

La renovada opción republicana de los dirigentes de la organización obrera no se presentaba, pues, como una defensa del parlamentarismo o la democracia -cosas ambas que habían desdeñado durante los años de dictadura- sino como creciente convicción de que la república era la fórmula que permitiría a la organización obrera no perder las posiciones conquistadas y avanzar hacia metas superiores. Largo era muy sensible a las inquietudes de las agrupaciones locales de la UGT y pudo percibir durante 1930 los problemas con que tropezaban las sociedades obreras para hacer cumplir la legislación laboral. La resistencia creciente de los patronos que, desaparecido el dictador, pretendían tener las manos libres de ataduras corporativas, obligaba a las sociedades locales de la UGT a preocuparse de problemas políticos. Hoy - escribía en junio de 1930- en muchos pueblos de España interesa más a las sociedades obreras la lucha política que el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Y al preguntarse por la razón de este fenómeno no encontraba más respuesta que la actuación indigna del clásico caciquismo, "que no respeta las leyes".

El estado de inquietud obrera que movió a Largo a expresar con tanta claridad su opción por la república le obligó a plantear con renovada fuerza una tesis que los recientes éxitos políticos del laborismo británico habían traído al debate público: "nuestro organismo obrero nacional no puede excusarse de actuar en política". Pero al reivindicar para la Unión la capacidad de actuar políticamente, la empujaba hacia el encuentro con los republicanos, que por su parte salían de la pasividad e indolencia que les embargó durante la Dictadura y se disponían a buscar fórmulas de unión para garantizar en el inmediato futuro una acción contra la monarquía. Parecía repetirse, pues, la misma situación que en 1917, aunque ahora sin la unanimidad de entonces. Un sector de la UGT, con Julián Besteiro como cabeza más destacada, se mantuvo fiel a las lecciones aprendidas en aquella ocasión y se negó a avanzar ni un milímetro en las conversaciones con los republicanos que Indalecio Prieto había establecido con motivo del encuentro de varios partidos y grupos republicanos a mediados de agosto en San Sebastián. La presencia de Prieto en la reunión había sido, sin embargo, "a título personal y sin representación alguna". Prieto no tenía capacidad para comprometer al PSOE y, menos aún, a la UGT en la conspiración republicana y observó, no sin desaliento, que las comisiones ejecutivas de ambas organizaciones respondían, como dirá Besteiro, "con una verdadera reserva, una verdadera displicencia, una verdadera frialdad" a las "excitaciones constantes" de los republicanos para participar en actos comunes contra la dictadura.

Tres dirigentes que habían pasado trece años antes por la experiencia de una frustrada revolución por la República se encontraban de nuevo en el centro de la toma de decisión del PSOE y de la UGT ante el empeño de los partidos republicanos de asociarles a su nueva conspiración y la exigencia de los militares implicados en la operación de contar con el apoyo obrero. Prieto, el más político y el más confesadamente republicano, no tenía dudas, y se metió en la conspiración como si fuera un republicano más; Largo, que había proclamado su opción por la república, mantenía sus reticencias y, sobre todo, necesitaba pruebas tangibles para convencerse de la seriedad y solvencia de los republicanos con objeto de no tener que lamentar un nuevo intento fallido; Besteiro, el más corporativista de todos, no quería de ninguna manera embarcar a las organizaciones obreras en una aventura cuyo fin no veía claro y que, además, le resultaba indiferente, curado como estaba de sus primeros entusiasmos por la república. Los debates fueron duros hasta que la comisión ejecutiva del PSOE decidió, por una mínima diferencia de ocho votos contra seis, aceptar los puestos que se les ofrecía en el comité revolucionario y acceder a lo que de ellos esperaban los republicanos: que cuando los militares salieran de los cuarteles y se echaran a la calle, "el pueblo les ayudase, ya que no querían que apareciera como una cuartelada"; o sea, que declarasen "la huelga general donde haya elementos comprometidos, para que estos, tan pronto se encuentren en la calle, se vean asistidos por el pueblo que los anima". Se diría que el modelo de 1917 revivía en los acuerdos de 1930: insurrección militar a cargo de los generales, jefes y oficiales comprometidos, y huelga general decretada por la UGT para que los dirigentes republicanos encabezasen un gobierno provisional.

Las novedades más notables eran que, en esta ocasión y debido a la mayor fuerza de la organización obrera, en el previsto gobierno provisional habría tres puestos reservados para los socialistas, dos por el partido y uno por la Unión General; además, y como no existía constitución alguna a consecuencia del golpe militar de 1923, el proceso constituyente se pondría en marcha únicamente tras la proclamación de la República. Los acuerdos finalmente alcanzados en octubre de 1930 implicaban la incorporación formal del PSOE y de la UGT, como entidades diferenciadas, al comité revolucionario surgido del Pacto de San Sebastián. Prieto y Largo, además de Fernando de los Ríos, se encontraron junto a los republicanos en los organismos encargados de derrocar la monarquía. El sector obrerista dirigido por Largo Caballero recuperaba para un movimiento revolucionario la misma justificación política esgrimida por Pablo Iglesias para sellar la coalición electoral con los republicanos: la república sería la gran oportunidad de consolidar el lugar conquistado por la UGT como gestora de los intereses obreros y de seguir avanzando hacia el socialismo de manera pacífica y legal.

(Las siguientes imágenes son de AHORA del 16 de diciembre de 1930.)

De acuerdo con su arraigada ideología organicista y evolutiva, los dirigentes obreros creían que con unas sociedades de oficio y unos sindicatos de industria bien asentados en la producción y distribución de bienes, fuertes en los organismos corporativos y paritarios, organizando a un número siempre creciente de afiliados y gozando del respaldo activo de los poderes públicos y de las leyes, se daba un sustancial paso adelante en la paulatina marcha hacia la nueva sociedad.

Por su parte, el sector más político del socialismo, liderado por Prieto, iba a la República guiado por su liberalismo y por su fe en la democracia como instrumento de transformación social. Para Largo y los obreristas, la República tendría que ser, como ya lo había sido la Dictadura, un medio para la consolidación de la UGT y un paso adelante en la marcha al socialismo; para Prieto, y los políticos, el establecimiento de la democracia era una conquista que permitía transformar pacíficamente la sociedad.

La decisión de incorporar al partido socialista y a la Unión General en la conspiración por la república se tomó en medio de la creciente movilización de las clases medias y de la clase obrera contra la monarquía.

Buena muestra de esa imparable alienación fue la coincidencia en Madrid, a mediados de noviembre de 1930, del resonante artículo de Ortega desde las páginas de El Sol, preconizando la destrucción de la monarquía y llamando a los españoles a la construcción de un nuevo estado que necesariamente habría de ser republicano, con la manifestación obrera en protesta por las muertes de cuatro trabajadores a consecuencia del derrumbe de una casa en construcción en la calle Alonso Cano. Durante el entierro, al que acudieron más de cien mil manifestantes, se produjeron graves incidentes cuando la cabeza del cortejo fúnebre, subiendo desde Atocha y llegada a la plaza de Neptuno, intentó desviar la marcha de las cuatro carrozas hacia la Puerta del Sol, con objeto de llevar al corazón mismo del viejo Madrid la expresión de su protesta.

Guardias de seguridad a caballo cerraron el paso en la Carrera de San Jerónimo, a la altura del Congreso, y descargaron sus sables y sus fusiles sobre los manifestantes provocando dos muertos y numeroso heridos. La huelga general que siguió a estos incidentes marcó en Madrid el comienzo de una movilización contra la monarquía que no cesará ya hasta que los obreros puedan volver a la Puerta del Sol para proclamar desde allí la República. Pero fue una proclamación festiva, resultado de unas elecciones municipales, no de una huelga general arropando a una insurrección militar, como en principio se había programado para el día 15 de diciembre de 1930.

Después del frustrado intento insurreccional en Jaca, el día señalado para la huelga general que habría de derribar a la monarquía las cosas sucedieron al revés de lo programado: en lugar de salir a la calle, los militares permanecieron en los cuarteles, mientras los obreros, que debían permanecer en casa, salieron a la calle para dirigirse a sus respectivos trabajos. No hubo insurrección militar y no hubo huelga general: al desdichado apresuramiento de Galán -según escribió Pedro Salinas- se sumó "la defección de Saborit y la actitud reservona del ejército": todo falló: los militares comprometidos; los dirigentes obreros de los que debían salir las órdenes de huelga; los políticos republicanos, que se escondieron o fueron a caer en manos de la policía.

Pero que no hubiera huelga general ni revolución política no quiere decir que, a los pocos meses, no hubiera República. Contra todas las expectativas acariciadas y todos los programas elaborados desde los tiempos de la conjunción, la República vendría sin revolución, aunque como una revolución fuera saludada y vivida, por los republicanos como por los socialistas, que habían definido su alianza con aquellos como una "inteligencia revolucionaria y electoral a los solos efectos de imponer un cambio de régimen en el país" y que veían realizada por fin aquella soñada república que abriría las puertas a la marcha evolutiva hacia el socialismo.