A mediados de mayo se inició en la Audiencia Provincial León el juicio por fraude en la explotación de carbón en algunas minas de la provincia. Estas empresas vendieron como carbón de interior mineral extraído a cielo abierto, con lo cual cobraron indebidamente la subvención establecida para el trabajo de interior.
Las empresas encausadas son la sociedad minera Hullera Vasco-Leonesa y las de servicios auxiliares Transportes Peal SA y su filial Restauraciones Mineras SA, así como varios de sus directivos como Antonio y Arturo del Valle Alonso, Mario Calvo Herce, Emilio Amor, Juan Manuel Alonso y Francisco Luengo.
El origen de la causa radica en una denuncia anónima que alertó a la Agencia Tributaria de la existencia de una trama para cobrar las subvenciones al carbón de interior. Según el denunciante, el fraude podría ascender hasta 14 millones de euros y se desarrolló en varios años en los que ya se veía el final de la minería en España, entre el 2011 y 2015.
La empresa minera lo tenía todo controlado en la mina de Santa Lucía en León. Primero adulteraban los estudios topográficos que revelaban dónde había vetas y su volumen y luego hacían pasar material del exterior como si procediese de tajos interiores. La subvención estatal, de hasta 80 euros por tonelada según el año, se aplicó presuntamente sobre una ingente producción carbonífera hasta obtener un fraude de unos 14 millones de euros, 3,5 anuales aproximadamente, según el informador anónimo que avisó del caso a la Agencia Tributaria. Esta alertó de un periodo entre 2011 a 2015 y acabó en una querella de la Fiscalía de León contra la empresa Hullera Vasco Leonesa y Transportes Peal y Remisa, subcontratas.
Los implicados en esta presunta estafa desarrollaron una precisa ocultación del sistema por el cual registraban las cantidades obtenidas realmente de las minas de interior y de las exteriores, respectivamente, y luego hacían pasar el material de cielo abierto como si procediese de las subterráneas, con ayudas públicas asociadas. Entre los implicados hay empresarios como Emilio del Valle y otros como Mario Calvo, Emilio Amor, Juan Manuel Alonso y Francisco Luengo, cuyos historiales y entramados desmenuza el informe remitido a las autoridades. Otro acusado falleció recientemente.
Transportes Peal, según el informe, modificaba manualmente los planos topográficos y sus coordenadas para “generar un volumen topográfico falso (incrementado)” y adulterar “a su antojo y según las necesidades” el volumen de carbón supuestamente disponible en esa veta. Allí había tanto carbón como tal, como “estéril ripable” o “estéril volable”, documentado en sus complejas tablas de Excel a distintos precios.
Los empresarios elaboraban informes de producción diarios y mensuales con las cantidades falsas almacenadas, “consiguiendo a fin de mes un incremento en la producción total de un 20-25%, con lo que se incrementa fraudulentamente la facturación”, siempre avisando a Topografía para ajustar los niveles. Las tablas de Excel aportadas a la Agencia Tributaria, que propiciaron la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la primavera de 2016, revelan la precisión del sistema ilícito, con columnas que destapan la farsa: “Viajes reales”, “Producción real”, “Viajes incrementados”, “Producción incrementada”, “Incrementos”, cada cual con sus números asociados.
El informador explica con pantallazos y flechas indicativas cómo cada ventana escondía producciones adulteradas simulando ser legales, todo con modelos de comandos y protecciones de seguridad que se podían accionar fácilmente por parte de los implicados para ocultar la información comprometida si alguien ajeno la revisaba. El entramado, añade la documentación remitida a Hacienda, operaba desde las oficinas centrales del polígono leonés de Villaquilambre y, según el informante, el programa camuflado donde registraban los engaños detectó fraudes desde 2001, en torno al 5%, que se elevó hasta rondar el 25% en 2015.
El confesor envió unos 3.000 archivos entre tablas de Excel, fotografías incriminatorias mostrando dónde se producían las irregularidades y documentos ayudando a los investigadores a entender el mecanismo. También hay fotos aéreas de camiones vertiendo material a las minas, haciendo pasar el material exterior por carbón de interior, vehículos pesados transportándolo a los yacimientos, montículos de carbón de cielo abierto que serían posteriormente introducidos y camiones llenos esperando turno para descargar en los tajos, con porcentajes falseados que variaban según el año y que en el periodo investigado rondaban los 3,5 millones de euros anuales.
Los investigadores también cuentan con grabaciones de amenazas, golpes a los móviles y agresiones del empresario Juan Manuel Alonso sobre un ingeniero al que acusaba en vano de estar filtrando esa información delictiva confidencial. “Siéntate, me cago en tu puta madre, siéntate, hijo de puta [...] Yo te mato, te mato, ¿entiendes lo que es eso? Te piso los putos cojones y te los meto en la boca [...] No te quiero ver más el pelo en la puta vida, te he sacado de la puta escoria, cabrón, desagradecido, hijo de puta [...]”, se escucha en un audio incorporado a la causa, entre golpes y quejas de la víctima.
El fraude se produjo en años muy complicados para el sector de la minería en León, con cientos de familias afectadas por la reducción de la actividad del carbón, pues al retirarse las ayudas nacionales o europeas dejó de ser rentable para las grandes empresas que se dedicaban a ello. Este procedimiento judicial se abre unos meses después de que en noviembre, tras tres años de espera, el juzgado de lo Penal 2 de León absolviera a los empresarios mineros implicados en el derrumbe del pozo leonés Emilio del Valle en 2012, donde murieron seis trabajadores y varios resultaron heridos. Los implicados quedaron exonerados de delitos contra los derechos de los trabajadores, de homicidios por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave. La Hullera Vasco Leonesa, responsable civil subsidiaria de aquella explotación de carbón, tampoco fue condenada.
Los hechos se remontan al período entre 2011 y 2013, cuanto un perito de la inspección de la Agencia Tributaria apreció una notable diferencia entre lo real y lo facturado en la mina de Santa Lucía, en el municipio leonés de La Pola de Gordón. Este desfase era del 21 por ciento en el primer año, del 17 por ciento en el segundo y del 28 por ciento en el tercero. Según la denuncia, el fraude ascendía a 734.900 euros en 2011, a 510.400 euros en 2012 y a 868.900 en 2013, hasta rebasar los 2,1 millones.
La Fiscalía ha pedido por ello una pena de prisión para los cinco acusados por tres Mario Calvo, exdirector general de la compañía, el Ministerio Público ha pedido cuatro, tres y cinco años de cárcel por cada delito, lo que suma un total de doce años para cada acusado, como autores del delito.
En cuanto a los dos empresarios del Grupo Peal, se ha solicitado una pena de siete años y seis meses de prisión por su implicación como cooperadores necesarios. Los procesados son José Manuel Alonso, administrador único de la sociedad, y Francisco Javier Luengo, el director general y máximo responsable del cielo abierto de Santa Lucía.
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