Desde 2017 PRIF publica la serie “PRIF Spotlight”. En cuatro páginas, los expertos del PRIF examinan cuestiones políticas y sociales actuales que son relevantes para la investigación de la paz y los conflictos. PRIF Spotlights se dirige a una amplia audiencia interesada en cuestiones de paz y seguridad. Reemplazan al anterior “HSFK-Standpunkte” (1993-2016) y están disponibles como descarga gratuita en formato PDF y en versión impresa. Este artículo es el número 4 de 2024.
MARTÍN GUBSCH, ELENA GARCÍA CONEJERO
Abstract
La Guajira, en el norte de Colombia, ha visto recientemente un número desproporcionado de bloqueos de carreteras, especialmente relacionados con sitios de construcción de parques eólicos, organizados por personas que exigen que el Estado implemente mejoras de seguridad económica, social y física. Este conflicto es un ejemplo de los impactos locales de la transición energética global en personas históricamente marginadas. En este Spotlight sostenemos que La Guajira es un caso excelente que muestra cómo se aprovecha la transición energética para abordar indirectamente al Estado a través de empresas privadas.
¿RESISTIR A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA?
Comprender los cortes de carreteras en el norte de Colombia
La Guajira, situada en el norte de Colombia, ha sido históricamente una región incómoda, con la mayoría de su población, los Wayuu, resistiendo a la colonización desde los tiempos de la conquista española. La región fue conceptualizada por Alijuna1como un lugar profundamente remoto, vacío y rebelde. En los últimos años, La Guajira se ha convertido en uno de los principales escenarios para la transición energética, todo ello acompañado de promesas de inversión, desarrollo, seguridad alimentaria, mejora de las infraestructuras, educación y seguridad. A pesar de ello, en los últimos años se ha producido un aumento de los conflictos entre diversos grupos locales y varios de ellos han aumentado la intensidad de estos conflictos. En la región también también se ha producido un aumento significativo de los cortes de carreteras, especialmente relacionados con el aumento de la actividad en la construcción de parques eólicos. Colfecar2informó en enero de este año que en 2023, de los 579 cortes de carreteras ocurridos en todo el país, 70 habían tenido lugar en La Guajira, a pesar de ser una de las regiones menos densamente pobladas de Colombia, una tendencia que se ha ido intensificando desde 2016, cuando comenzaron la mayoría de las construcciones planificadas de parques eólicos.3 El descontento y las demandas se centran principalmente en mejorar la infraestructura para garantizar el acceso al agua, la seguridad alimentaria, la seguridad física frente a grupos armados, educación y escuelas, así como seguridad laboral. La pregunta es: ¿por qué apuntar a las empresas privadas? y obstaculizar oportunidades económicas financiadas por el Estado?
Los 60 parques eólicos proyectados, actualmente en diferentes fases de planificación y construcción, han cambiado las relaciones entre el Estado y las comunidades de los pueblos indígenas. La reforma de 1998 de la legislación sobre inversión pública y privada en territorios étnicos exigía que las empresas privadas organizaran actividades de información y consultas previas a los miembros de esas comunidades afectadas por los proyectos, pagadas por las propias empresas. En 2020 se habían realizado en Colombia 10.569 consultas de este tipo, 4.745 de los cuales se llevaron a cabo en La Guajira. Este dato debe ser motivo de celebración y un signo de que estos de mecanismos son buenos para la resolución de conflictos,
Está claro que esta región sigue siendo una zona de conflicto. Muchas comunidades creen que están siendo esquilmados y no se sienten escuchados. Pero dentro de estas comunidades existen personas con diferentes opiniones, y algunas todavía prefieren utilizar opciones legales, como la consulta previa y formas alternativas de diálogo, mientras que otros, habiendo perdido la poca confianza que tenían en el gobierno, recurren a las protestas y el corte de carreteras.
El objetivo de los cortes de carreteras es alterar la vida cotidiana y atraer la atención de los medios de comunicación. Como forma de protesta, forman parte de un repertorio de distintos tipos de participación política extraparlamentaria, sirviendo como medio de comunicación cuando otros canales, como las reclamaciones judiciales o los foros de diálogo, son percibidos como ineficaces. Si bien en la mayoría de los casos, los afectados por los cortes de carreteras son “el público” y “el Estado”, aquí los únicos realmente afectados son los proyectos eólicos que se ven muy retrasados. Esto contrasta marcadamente con las demandas que sustentan la mayoría de las protestas en la región: agua, seguridad alimentaria, carreteras, educación y salud: cuestiones que caen dentro de la responsabilidad del estado.
Esto ha dado lugar a opiniones divergentes en lo que respecta al propósito y beneficios de estos cortes de la circulación, que van desde críticas indignadas que les acusan de “morder la mano que podría alimentarlos” a la solidaridad de otros grupos marginados y activistas en todo el país. Existe la sensación general de que los parques eólicos no han cumplido las promesas de desarrollo que se hicieron originalmente, pagando muy poca compensación a muy pocos y complicando los problemas sociales a largo plazo. La región ha sido escenario para una variedad de conflictos, incluidos aquellos que involucran a los grupos indígenas y el Estado, poblaciones urbanas, grupos armados y operaciones de contrabando. La diferencia ahora, sin embargo, es el poder de involucrar directamente en algo que el Estado desea desesperadamente: la transición energética. Sostenemos que cualquier obstáculo debe ser entendido en su contexto histórico y político. En en este caso, es esta una región marcada por un pasado colonial de marginación, primero frente a la ocupación española y luego frente al gobierno nacional.
LA GUAJIRA: UNA HISTORIA DE OPOSICIÓN Y MARGINALIZACIÓN
El territorio de La Guajira encarna una historia de explotación de recursos que influyó en sus primeras relaciones globales, junto con el surgimiento de una población local atrapado en el fuego cruzado del desarrollo de estrategias agresivas. Esta narrativa histórica de una región madura porque la explotación ha perdurado desde la época colonial y persiste en los intentos de remodelar el orden existente, aprovechando la riqueza natural de la región dentro su desierto espacial y conceptual percibido. Se pueden apreciar distintos períodos de crecimiento económico basados sobre diferentes recursos, ocupación y resistencia local. Sin embargo, estos se han visto empañados por diferencias culturales, estigmatización, retratando a las comunidades Wayuu como contrabandistas bárbaros y oponentes de la modernidad occidental. Estas fricciones persisten dentro del ámbito contemporáneo de las industrias de energías renovables. Sus discursos neoliberales inherentes, que prometen una transición energética, requieren un análisis crítico, revelando el conflicto epistemológico básico basado sobre percepciones rivales de este territorio y su importancia geopolítica. Hay una continuación de las narrativas de explotación, ocupación y modos coloniales de territorialización que podemos observar en la forma en que la tierra se reivindica para la transición energética.
Las raíces comerciales de la región se remontan a los siglos XVI y XVII cuando los bancos de perlas despertaron el interés de la administración española tras un período de sometimiento y exterminio del pueblo Wayuu, todo en nombre de la pacificación territorial. Esto acabó con la cesión española del control de la tierra en respuesta a la violenta resistencia de su pueblo, que llevó al establecimiento y control del comercio libre de impuestos y de las rutas de contrabando. Este facilitó no sólo la adquisición de sofisticado armamento sino también la adopción de la guerra occidental táctica. Este último fue decisivo para la resistencia wayuu y la independencia del imperio ibérico, empresa, por un lado, y la creación de una por el otro, la imagen colonial que los representa como contrabandistas salvajes que necesitan una homogeneización cultural.
Un avance rápido hasta los años 1970 y 1980. Colombia, lidiando con una economía en deterioro en medio de una crisis mundial del petróleo, aprovecha la oportunidad para la extracción del carbón. La Guajira, manchada por la bonanza marimbera, vuelve a ser el centro de atención como territorio para ser explotado y arrebatado a sus residentes. Los proyectos extractivos, ejemplificados por la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, en particular, reforzaron las narrativas de desarrollo y progreso inevitables. Esta tendencia ahora se refleja en las instalaciones de energía renovable no convencional que han estado presentes en la región desde 2001 y ampliaron sus actividades siguiendo la Ley de Energías Renovables de 2015. Tan temprano como en 2004, estos acontecimientos posicionaron al Caribe colombiano como la región más prometedora del país debido a sus vientos alisios durante todo el año. En 2022, un total de 65 parques eólicos, incluidos proyectos como Enel Windpeshi y Green Power que participaron en procesos de consulta previa con más de 288 comunidades locales mientras esperaba la aprobación de la licencia nacional. El esfuerzo en materia de energía eólica aumentó la dependencia de la región del capital y la tecnología externos.
WINDPESHI: PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN FALLIDA
Un caso particularmente digno de mención es el del parque eólico Windpeshi, que provocó continuos disturbios políticos y frecuentes cortes de carreteras, que culminaron con la suspensión permanente del proyecto. Mientras algunos finalmente terminaron los cortes que habían llevado a cabo desde abril de 2023, otras comunidades continuaron decididamente su protesta dentro de los límites del parque eólico. Enel Colombia, impulsora del proyecto, destacó los esfuerzos que ha invertido en el diálogo y la negociación con todas las comunidades afectadas y organismos de gobierno. A pesar de estos
Al mayor de los cortes persistió durante más de 70 días y continuó frustrando el progreso de Enel Green Power, interrumpiendo el cronograma de construcción planeado. Este prolongado enfrentamiento arrojó una sombra de incertidumbre sobre el destino del proyecto, lo que llevó a Enel Colombia a considerar una serie de posibles resultados y, en última instancia, optó por suspender indefinidamente la construcción del parque eólico. Los cortes también tuvieron ramificaciones financieras, elevando los costos de inversión inicial a más de 400 millones de dólares y paralizando los proyectos por un aumentos de los costes del 35 por ciento.
El problema ha atraído una importante atención gubernamental, lo que ha dado lugar a que se propongan varias soluciones, que van desde el abandono total del proyecto hasta una intensa atención junto con los esfuerzos de los medios y las ONG para resaltar la situación humanitaria. Un resultado directo de esta situación, en combinación con los cortes de carreteras del año pasado, han sido los intereses del actual gobierno, encabezado por el izquierdista Gustavo Petro, quien simbólicamente trasladó el gobierno a la capital de La Guajira en mayo de 2023, prometiendo un paquete de medidas para fomentar el desarrollo de la región.5
Además de los fondos para programas de educación, agua y alimentación, prometió la construcción de 300 kilómetros de carreteras e incluso un aeropuerto.
Cuando hablamos con la ONG Nación Wayuu, expresaron escepticismo ante estas promesas: “Lo creeremos cuando veamos los resultados”. Hasta el momento, casi un año después, no se pueden observar avances tangibles.
EMPODERAMIENTO Y MARGINALIZACIÓN
Muchos activistas sienten que la región ha sido abandonada por el Estado y los gobiernos regionales, instituciones consideradas responsables de la protección de sus ciudadanos. Los cortes de carreteras se han convertido en una forma de comunicación política; un acto democrático para expresar demandas de interés nacional. Sin embargo, los objetivos principales de estas acciones no son los actores estatales, sino las empresas energéticas. Estas entidades privadas a menudo rechazan la noción de que es su responsabilidad abordar estas demandas, argumentando que la infraestructura pública cae principalmente bajo la competencia del gobierno. El Estado, por su parte, tiende a culpar a los gobiernos locales y a sus representantes, afirmando que el principal problema y razón del conflicto proviene de la cultura Wayuu.6
La participación política local sigue siendo compleja y a menudo es demasiado simplificada en los medios y por el público, reduciéndola a una mera votación. De hecho, esta protesta política debería verse como una oportunidad para mejorar la gobernanza, como producto de un proceso continuo de modernización antagónica, en el que las comunidades locales han sido marginadas.
Por lo tanto, estas protestas deben entenderse como la última expresión de una lucha continua de una región sin poder y su pueblo contra un Estado con el que no se identifican. La persistente percepción de La Guajira como un territorio salvaje primitivo, inicialmente perpetuada por el dominio español y luego reforzada por el desdén del Estado colombiano y de la población urbana, continúa influyendo en las relaciones sociales actuales. Los políticos y expertos todavía caracterizan al pueblo Wayuu como intrínsecamente violento, por lo que intentan desacreditar sus capacidades y absolver a las empresas estatales y energéticas de responsabilidad perturbando la dinámica social regional.
CONCLUSIÓN
La transición energética ha empoderado y transformado una región históricamente marginada y le ha permitido utilizar empresas privadas para abordar un Estado ausente. Como el Estado tiene un gran interés en escuchar a los propietarios de los parques eólicos, las protestas contra sus proyectos no pretenden socavar la ambición de la transición energética y el proyecto de modernización ecológica, sino más bien establecer un nuevo canal de comunicación con el Gobierno. Estas protestas obligan a las empresas energéticas a trasladar las demandas wayuu al Estado. Si el Estado no mejora las consultas, la confianza y la situación humanitaria, el resultado será un mayor conflicto este año.
Los procesos históricos han dado forma al modo en que esta región y su gente se relacionan con el “exterior”. Ni la consulta previa ni la inversión privada han cambiado las condiciones estructurales fundamentales. Entonces, ¿los Wayuu están bloqueando la transición energética? La respuesta simple es: No. Usan los parques eólicos como palanca para hacer demandas al Estado. La transición energética ha dado a sus territorios un nuevo valor económico y los empodera políticamente para exigir que estos parques se establezcan de una manera que realmente pueda resolver la actual situación de crisis humanitaria en la región. En la reconfiguración global de la infraestructura energética, las circunstancias locales importan en cómo se perciben las nuevas iniciativas y el poder.
El objetivo de estas protestas nunca han sido los parques eólicos ni la transición energética, aunque hayan sido problemáticas en sí mismas. El objetivo era, como reiteran muchos activistas locales, dejar claro el punto: “Transición energética sí, pero no así”.
LOS AUTORES
Martin Gubsch es investigador doctoral en el departamento de investigación “Glocal Junctions” del PRIF y Elena García Conejero es estudiante de master en Estudios de Paz y Conflictos en la Universidad de Marburg y ex pasante en el departamento de investigación “Glocal Junctions” del PRIF.
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