Perú, el segundo proveedor mundial de cobre, está enfrascado en una ola de protestas desde diciembre del año pasado como consecuencia del autogolpe fallido de Pedro Castillo y la sucesión de Dina Boluarte. Los disturbios han comprometido alrededor del 30% de la producción, según estimaciones de la sociedad nacional de minería. Aunque las minas siguen abiertas, el riesgo de paros va en aumento y los cortes de carreteras amenazan el transporte del metal. Ya en enero, Glencore cerró durante 11 días sus operaciones en Antapaccay después de que un grupo de manifestantes saqueara e incendiara sus instalaciones en el yacimiento.
El momento volátil se extiende a otros territorios latinoamericanos. Chile, el mayor productor de cobre del mundo, sufre de contratiempos operativos debido al mayor escrutinio de los problemas medioambientales y el esfuerzo del Gobierno por aumentar los impuestos. Esto, sumado a la redacción de una nueva Constitución, ha llevado a empresas como BHP Group, Antofagasta PLC y Freeport-McMoRan Inc. a posponer grandes inversiones. Todos estos problemas hicieron que el año pasado Codelco, la cuprífera estatal, produjera un 10% menos del cobre previsto.
Al mismo tiempo, la perspectiva del cierre de Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum Minerals, impulsa el déficit de producción. El presidente panameño, Laurentino Cortizo, ordenó en diciembre el cese de las operaciones comerciales después de que los desacuerdos sobre el pago de regalías e impuestos evitara que ambas partes firmaran un nuevo contrato. De no llegar a un acuerdo, pararía una de las minas más grandes de América Latina, de la que se extraen al año 300.000 toneladas de concentrado de cobre, según estimaciones de la compañía.
Las amenazas del suministro se suman al repunte de la demanda china tras el levantamiento de las restricciones sanitarias. De acuerdo con Martínez, Pekín ha implementado una serie de planes de infraestructura que anticipan un exceso de demanda. En concreto, el país planea permitir que algunas firmas inmobiliarias tengan más apalancamiento al retrasar el período de gracia para cumplir con los objetivos de deuda. La medida aumentará la demanda de materiales de construcción, incluido el metal rojo.
La incursión en las energías renovables agrava la situación. El auge los vehículos eléctricos y las baterías han incrementado la demanda del cobre en los últimos dos años y Goldman Sachs estima que para 2030 aumente al menos un 600% debido a la adopción de tecnologías verdes. Esta combinación de demanda creciente y oferta restringida refuerza los presagios de grandes déficits que inundarán el mercado más allá de 2023. En consecuencia, va a ser difícil que el precio baje de los 8.000 dólares incluso si la producción en América Latina vuelve a la normalidad, y su evolución dependerá de los tirones estacionales.
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