El uso proporcionado de la violencia (o de la fuerza)

El uso de la fuerza, o de la violencia, en las sociedades organizadas está sujeto a lo estipulado en una serie de normas y leyes y en manos de agentes especializados, policía o ejército. Eso es así ahora y también en tiempos de Calígula, otra cosa es que el poder que da lugar a esas normas o ejerce el gobierno sea más autocrático o democrático.

En algunas ocasiones esa violencia no tiene límites, como en las guerras, por mucho que determinadas convenciones hayan pretendido racionalizar algo que en el fragor del combate no puede racionalizarse. Durante la batalla el enemigo quiere matarte y tu quieres vivir y frente a ese dilema usas los medios a tu alcance para eliminar el peligro. Después de la guerra la depuración de responsabilidades la lleva a cabo el vencedor y juzga los hechos bajo su prisma, con la ayuda o sin ella de personajes mediáticos como el Papa, el Dalai Lama o los variados premios Nobel de la Paz.

En el caso de la violencia dentro de un territorio determinado, la ejercida por la policía o el ejército en funciones de policía, acostumbra a estar sujeta al conocido como principio de proporcionalidad, que de alguna manera establece que esa violencia ha de ser la mínima posible para lograr los objetivos propuestos. Eso que es fácil de decir es más difícil de hacer y para ello se establecen procedimientos múltiples que intentan regular los operativos policiales. El binomio seguridad y protección frente a libertad puede resolverse de muchas maneras y nuestra opinión al respecto depende en gran medida de si nos sentimos, o directamente, somos agredidos o no. Queremos la tranquilidad de vernos protegidos pero no ver la violencia que conlleva conseguir eso. En las sociedades desarrolladas no tan solo queremos tener pastas para mojar en el café, sino que además no nos gusta que nos recuerden que mantener nuestra posición de privilegiados requiere de una buena dosis de violencia, para que no nos siente mal el café.

El asalto a la valla de Melilla

El 23 de diciembre de 2022 la Fiscalía decidió archivar las diligencias sobre lo ocurrido el pasado 24 de junio en la frontera de Melilla que separa España de Marruecos. Seis meses después de los hechos, el ministerio público no aprecia indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en aquella jornada, en la que murieron, al menos, 23 personas. “Del total de las diligencias de investigación practicadas, no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente”, concluye el escrito fiscal. Asimismo, añade, “ninguno de los agentes actuantes en el operativo en tierra tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias”. Aunque la cámara del helicóptero grabó la avalancha y el aplastamiento de decenas de de migrantes y refugiados, la Fiscalía asume que los agentes que sobrevolaron el lugar no supieron “en ningún momento que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio”. De haberlo sabido, abunda, tampoco podrían haber prestado auxilio sin riesgo propio. La Fiscalía también avala los 470 rechazos en frontera (devoluciones en caliente) realizados “con la decisión necesaria, y sin demora”, por la Guardia Civil.

La mañana de aquel 24 de junio, cerca de 1.700 personas, según fuentes oficiales, llegaron a la frontera de Nador con Melilla. Esta vez la intención no era saltar la valla, sino forzar las puertas del puesto fronterizo de Barrio Chino que dan acceso a España. El recinto se convirtió en una ratonera, sin vía de escape. Los migrantes y refugiados lanzaron piedras y palos contra las fuerzas de seguridad, mientras que los agentes de ambos países dispararon durante más de 40 minutos decenas de botes de humo y gas lacrimógeno. No consta, recoge el decreto, que el empleo de botes de humo lanzados por los agentes españoles “produjera invisibilidad total ni supuestos de asfixia entre las personas allí congregadas, toda vez que se trataba de un patio totalmente abierto en su parte superior y rodeado por vallas metálicas, por lo que la entrada y salida de aire y otros gases era completamente fluida”.

Cuando el grupo logró forzar las puertas del puesto fronterizo, se produjo una avalancha que dejó a decenas de personas aplastadas tanto en la zona de control operacional marroquí como en la española. Los tres agentes que volaban en el helicóptero y vieron ese momento coincidieron en manifestar ante la fiscal que, “a pesar de haber visto la aglomeración de personas e incluso que unas saltaban por encima de otras, no pensaron que existiera riesgo para la integridad de los que allí se hallaban”. De hecho, mantiene el escrito, en los audios grabados a partir de las 8.41 horas “en ningún momento se aprecia urgencia o sensación de sorpresa, más allá de la mera información de que la puerta había sido fracturada y los migrantes estaban entrando en territorio nacional”.

Tras el amontonamiento, la Guardia Civil se concentró en contener a los cientos de personas que lograron entrar en Melilla, mientras que las fuerzas de seguridad marroquíes despejaron el lugar de muertos y heridos. Las víctimas fueron golpeadas y amontonadas por los agentes marroquíes en una explanada en la que permanecieron al menos tres horas sin asistencia médica. En este sentido la Fiscalía mantiene: “Resulta evidente la falta de jurisdicción española para conocer de la actuación desplegada por los agentes del orden público de Marruecos en su país, antes, durante y con posterioridad a la avalancha mortal, así como en relación con el trato dispensado a los migrantes, sanos o heridos, o a los cadáveres y respecto a los trámites seguidos para la identificación de estos y entrega de los cuerpos a los familiares”.

En tiempos recientes pero ya pasados...

Desalojo del campamento de la plaza Cataluña de Barcelona

El 27 de mayo de 2011 los 'indignados' acampados en la plaza de Cataluña de Barcelona resistían en su bastión frente a la operación policial desplegada desde primera hora de la mañana para limpiar y desmontar el campamento, que restauraron a la media hora de finalizar la intervención. La operación policial, conjunta entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, se saldó, al menos, con un detenido y más de 120 heridos, en su mayoría leves, de los que 37 eran policías, en las cargas policiales contra el millar de personas que se concentraron alrededor de la plaza para mostrar su apoyo a los 200 acampados que dormían allí desde hacía dos semanas.

Eran las 7.00 h cuando los Mossos cercaban la plaza para facilitar que las brigadas municipales limpiaran la zona y retiraran aquellos objetos que pudieran comportar un peligro para la seguridad en la celebración de la Champions.

Los operarios, con la ayuda de algunos policías, comenzaron a llevarse todo el material que conformaba el campamento de los 'indignados', desde colchones, toldos o sofás, hasta los elementos rígidos que servían de soporte a las pancartas y a los altavoces de los concentrados. El desmantelamiento de la acampada vivió momentos de gran tensión, como cuando los Mossos d'Esquadra han cargado con porras y botes de humo contra el grupo de personas que intentaba impedir que los camiones de limpieza salieran del lugar con las pertenencias de los acampados del movimiento 15-M.

Avisados del desalojo mayoritariamente por SMS y por las Redes Sociales, cientos de simpatizantes acudieron a la plaza e intentaron cerrar todas las salidas para que no sacaran los camiones de la limpieza las pertenencias del campamento. Los concentrados en las cuatro esquinas de la Plaza de Cataluña combatían el duro dispositivo policial entregando claveles a los antidisturbios y enrocados en una resistencia pacífica.

En esos momentos gobernaba en España El socialista José Luis Rodríguez Zapatero y en Cataluña el convergente Artur Mas.

Asedio al Parlament

El 15 de junio de 2011 más de 3.000 «indignados» del movimiento 15-M asediaron el Parlament. Aquella tarde, varios diputados fueron vejados, insultados, agredidos y coaccionados violentamente para impedir el normal desarrollo del pleno previsto. Los «indignados» trataban de impedir su acceso al hemiciclo, donde se iniciaba el debate para aprobar los primeros presupuestos del Gobierno de Artur Mas , quien consiguió sacarlos adelante precisamente con el respaldo del PP. La imagen del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, llegando en un helicóptero de los Mossos d'Esquadra a la sede del hemiciclo, fue inédita. También lo fue que más de una treintena de diputados tuvieran que refugiarse en una comisaría de la Guardia Urbana próxima a la estación Norte a la espera de que pudieran trasladarles a tiempo en furgonetas blindadas. En esa ocasión, los Mossos sí actuaron cargando contra los manifestantes y deteniendo a varias personas.

Tras estos lamentables sucesos, el Parlament pidió tres años de cárcel para 20 de los manifestantes que participaron en el asedio al considerar que cometieron un delito contra las instituciones del Estado impidiendo la entrada de parlamentarios. La Generalitat pidió la misma pena para cuatro de ellos. Ambas instituciones, que actuaron como acusación particular, consideraban que los acusados retrasaron la entrada de los diputados y obligaron a modificar el orden del día, pese a que finalmente pudieron acceder y se pudo celebrar el pleno previsto. "Pese a que mayoritariamente los parlamentarios que acudieron a la sesión del día 15 de junio de 2011, pudieron acceder a su escaño, cambiando sus hábitos de transporte, la gran mayoría de ellos en medios inhabituales (vehículos policiales, helicópteros o protegidos por cápsulas policiales), lo cierto es que debieron recurrir a esas extraordinarias medidas de protección por el temor e impedimento de deambulación", recogía el escrito del Parlament.

Segunda huelga general de 2012

El 14 de noviembre de 2012 a medianoche arrancaba oficialmente la segunda huelga general convocada por los sindicatos ese año contra la política económica del Gobierno de Mariano Rajoy, si bien en algunas factorías y empresas el paro comenzó a las 22.00 horas con el inicio del turno de noche. En las cargas policiales producidas Ester Quintana de 42 años perdió parte de la visión del ojo izquierdo por el impacto de un bala de goma lanzada por los Mossos d'Esquadra. Así lo aseguraron las personas que la acompañaban cuando resultó herida en la esquina entre la plaza de Catalunya y el Paseo de Gracia. 

Eliminación de las balas de goma

El 8 de noviembre de 2013 la comisión que estudiaba el material antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, centrada básicamente en evaluar el uso de las balas de goma, hizo oficial la voluntad de prohibir estos proyectiles. El 30 de abril de 2014 la policía catalana ya no dispondria de este material disuasorio, que quedaría reemplazado por los proyectiles de precisión viscoelásticos. La prohibición se aprobó en la comisión con los votos de CiU, ERC y Ciutadans, que ya habían pactado una proposición transaccional para “iniciar de manera inmediata la retirada de las pelotas de goma para su sustitución gradual”, según constaba en el documento de conclusiones.

El resto de grupos parlamentarios, a pesar de estar a favor de la eliminación de los proyectiles, no apoyó la propuesta de CiU y ERC al manifestar algunas discrepancias. PSC, ICV-EUiA y la CUP defendieron, entre otras cosas, que la retirada de las balas de goma sea inmediata -que no tenga que esperar a abril-, y que no sea para cambiarlas a continuación por los proyectiles viscoelásticos o de foam, más precisos que las pelotas y que no rebotan. Ante esta decisión, PSC, ICV-EUiA y la CUP propusieron que también los proyectiles viscoelásticos fueran eliminados del arsenal del cuerpo de antidisturbios de los Mossos, pero CiU, ERC y PP votaron en contra (C's se abstuvo).

Santamaría completa su 'Brigada Aranzadi' para afrontar el reto territorial

El 13 de enero de 2017 la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría completó con Juan Ignacio Romero Sánchez, nuevo secretario general de Coordinación Territorial y Enrique María Lasso de la Vega y Valdenegro, nuevo director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, el organigrama de su 'súperministerio'. Un equipo nutrido de juristas que acompañaba a la vicepresidenta en la conocida como operación Diálogo destinada a negociar con Cataluña -o cualquier otra comunidad- en un momento de gran tensión entre ambas administraciones a cuenta del desafío separatista.

Registro en la conselleria de Economía

La protesta que tuvo lugar el miércoles 20 de septiembre por la noche en Barcelona en contra del operativo que lanzó la Guardia Civil para tratar de frenar el referéndum que los independentistas tenían previsto celebrar el 1 de octubre, con registros en varias sedes del Govern y varias detenciones de altos cargos y empresarios relacionados con la consulta, se cerró sin ninguna detención de manifestantes. Sin embargo, la Guardia Civil sí pudo contar al menos tres bajas: las de tres vehículos que quedaron completamente destrozados tras la concentración.

La trampa del Fairy

El que fuera delegado del Gobierno en Cataluña en los días más tensos de 2017, Enric Millo, se dirigió el 4 de marzo de 2019 al tribunal del 'procés' para describir un 1-O "violento". De una forma gráfica y expresiva fue dibujando cómo se empezó a generar "un clima de conflictividad que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a episodios de acoso, hostigamiento y violencia" tanto en las jornadas previas como posteriores al referéndum. Según su testimonio, determinados grupos tenían siempre el objetivo de intimidar o impedir la acción de la Policía Judicial en esas fechas: "Llegué a contabilizar más de 100 o 150 acciones en municipios distintos", describió.

Se refirió a los heridos y, en ese rango, también había policías. "Pude comprobar, porque lo pude ver personalmente, todo tipo de lesiones: dedos rotos, alguna fractura de pierna, un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y obviamente esto con una uña no se puede hacer, hay que utilizar un objeto punzante. Un agente me explicó que había caído en la trampa del Fairy, que es verter detergente en la entrada de algunos colegios para que al entrar resbalaran, cayeran al suelo y les patearan la cabeza...". También personas especializadas "en artes marciales" que buscaban dar golpes en la "nuca", así como un policía que le contó que "había sido agredido con una motocicleta que se había abalanzado sobre él". "Las heridas y las lesiones que algunos de ellos me mostraron no se hacían con las manos".

Dos guardias civiles declararon ante el tribunal del 'procés' cómo fueron víctimas de lo que el exdelegado del Gobierno Enric Millo denominó la "trampa del Fairy". Fue en Sant Esteve de Sesrovires. Uno de los agentes explicó cómo resbaló y "cayó como un saco" por "la sustancia deslizante" que habían echado en la calzada y "un chico, vino por detrás," y le "dio una patada en la cabeza", lo que le impidió cumplir con su objetivo de intentar quitar las urnas. El teniente que le precedió en elestrado destacó que al llegar a esa localidad se percataron de que la gente parecía estar observándoles y esperándoles hasta el punto de que unos mossos les advirtieron de que les estaban esperando, que tuvieran cuidado y que ellos no les podían esperar. Según los agentes, en esa localidad se produjeron tres arrestos: el del joven que propinó la patada, el de otro que dio otra a uno de los agentes que trataba de arrestarle y a un tercero que intentó atropellarles. Previamente alguno de sus compañeros había relatado cómo les intentaron quitar el arma reglamentaria.

Debate en el Parlamento Europeo

El miércoles 4 de octubre de 2017 la Comisión Europea se posicionó en defensa de las actuaciones del Gobierno español durante la celebración del referéndum en Cataluña el 1 de octubre. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, justificó ese miércoles durante el debate 'Constitución, Estado de Derecho y Derechos fundamentales a la luz de los acontecimientos en Cataluña' en el Parlamento Europeo que “el deber de todo Gobierno es mantener el estado de derecho y a veces requiere el uso proporcionado de la violencia”.

Marcha por la libertad

El 26 de octubre de 2019 después de concluir la multitudinaria Marcha por la Libertad que reunió a más de medio millón de asistentes, un grupo numeroso de manifestantes convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR) se concentraron frente a la Comisaría de Vía Laietana. Los CDR concentraron esa noche unas 10.000 personas ante la comisaría de Via Laietana de Barcelona, para protestar contra la represión policial. 

A causa de la fuerte afluencia de personas, fundamentalmente jóvenes, 4 furgonetas de la Policía Nacional que bajaban por Via Laietana quedaron finalmente rodeadas. Finalmente un grupo de antidisturbios de los Mossos les abrió camino a fin de que pudieran salir, girando por la calle Condal, sin realizar ninguna carga. 

Grupos de manifestantes les lanzaron entonces pelotas de goma, y también algunas latas. Minutos más tarde el lanzamiento de pelotas de goma, y también de algunos huevos, ha sido masivo. Un pequeño grupo de los concentrados intentó abrir la puerta de una de las furgonetas de la Policía Nacional estacionada en la calle Comtal, y pintó en el exterior de la puerta una estelada y una hoz y un martillo. Los concentrados corearon consignas como «fora les forces d’ocupació», «1 d’octubre, ni oblit ni perdó», «Vosaltres feixistes sou els terroristes» y «Catalunya antifeixista».

La cuestión catalana: origen, desarrollo, y perspectivas - Fundación Alternativas

Finalmente, el 1 de octubre se celebró el referéndum, a pesar de estar suspendido por el Tribunal Constitucional y de las advertencias del gobierno central. La Guardia Civil y la Policía Nacional intervinieron para impedir la votación y entraron en unos 400 colegios electorales, que teóricamente correspondían a un 14,4% del censo.  Hubo episodios de violencia por ambas partes, ampliamente difundidos. Según el Gobierno catalán 893 civiles fueron atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, aunque el juez que investigó el caso por la denuncia presentada por la Generalidad estableció en 130 el número de heridos por las cargas policiales. En el otro lado, según el Ministerio del Interior, 431 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil resultaron heridos.

El conflicto independentista en Cataluña - Real Instituto Elcano

El 1 de octubre tuvo lugar el referéndum a pesar de las prohibiciones de distintos tribunales y de que Mariano Rajoy había asegurado que no se celebraría. En un contexto de convulsión e irregularidades, la participación declarada fue del 42% (con un 90% a favor, según datos de la Generalitat) aunque lo más destacado del día fue la actuación coercitiva de la policía antidisturbios, tratando de detener la votación en algunos colegios, que fue enérgicamente denunciada por el independentismo y muy criticada por la mayor parte de observadores.