Las manifestaciones de alumnos y profesores comenzaron en septiembre en centros educativos de los barrios periféricos pobres del norte de París, donde la indignación por las ausencias de los profesores y el mal estado de las instalaciones se transformó rápidamente en un movimiento a escala nacional contra la desigualdad, la escasa inversión pública y el deterioro del nivel educativo.
El pasado sábado se produjo una escalada de la violencia, que llevó a que 2.000 manifestantes fuesen detenidos, 600 policías heridos y más de 1.000 tiendas saqueadas.
La dimensión alcanzada en estos disturbios ha hecho surgir críticas al Gobierno, en concreto al ministro del Interior, Laurent Núñez, por no prever su alcance. Los alcaldes de París, Marsella y Lyon pidieron explicaciones.
En otro sentido La Francia Insumisa (LFI), mantiene que la policía, al menos en París, actuó de manera provocadora, lanzando gases lacrimógenos en la plaza de la República, lugar de arranque de las manifestaciones, más de una hora antes del inicio de la marcha.
LFI es a su vez acusada por el centro, la derecha y la extrema derecha de minimizar sistemáticamente los efectos de la violencia y de ser condescendiente hacia quienes acuden a las protestas con ánimo de provocar desórdenes
El temor es que, como ocurrió con la revuelta de los chalecos amarillos, en 2018 y 2019, este estallido de violencia sea solo el inicio de una larga crisis en las calles que podría prolongarse hasta las elecciones presidenciales de la próxima primavera o más allá, en un país bajo vigilancia por su enorme deuda pública.
Francia y la persistencia de la violencia urbana
Una violencia urbana con raíces profundas
Francia mantiene una relación singular con la protesta social. A diferencia de otros países europeos, la movilización callejera forma parte de una cultura política ampliamente legitimada y profundamente arraigada. La manifestación no se percibe únicamente como un instrumento de presión, sino como una extensión de la participación política.
Ya en 2019, la socióloga Anne Muxel señalaba que la cultura protestataria se había convertido en una experiencia prácticamente cotidiana para muchos jóvenes franceses. La participación en manifestaciones forma parte de los repertorios habituales de acción política y goza de una legitimidad social mayor que en otros países occidentales.
Esta normalización de la protesta ayuda a explicar por qué Francia registra recurrentemente episodios de elevada conflictividad social. Desde las movilizaciones estudiantiles de 2006 contra el Contrat Première Embauche hasta las protestas contra la reforma de las pensiones, pasando por los Gilets jaunes –los chalecos amarillos– o los disturbios de las banlieues en 2005 y 2023, la calle se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación política.
Sin embargo, la tradición protestataria por sí sola no explica los episodios de violencia. Un segundo factor clave es la existencia de dinámicas de radicalización dentro de movimientos más amplios.
Como señalaba el historiador Sylvain Boulouque a propósito de los black blocs durante las manifestaciones de 2019 del primero de mayo, la violencia constituye para determinados grupos una herramienta de acción política capaz de generar un impacto mediático inmediato. En sociedades saturadas de información, las acciones más visibles son las que consiguen captar la atención pública.
Esto ayuda a entender por qué las imágenes de enfrentamientos con la policía, incendios o caos –aunque en estos episodios también hay quienes aprovechan la situación para robar y obtener un beneficio propio, sin perseguir objetivos políticos– reaparecen con frecuencia en las movilizaciones francesas. La violencia no es necesariamente la expresión dominante de los movimientos sociales, pero sí es la que recibe una mayor atención mediática.
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