lunes, 30 de septiembre de 2024

Los benéficos efectos de la inmigración

Hein de Haas en su libro Los mitos de la inmigración: 22 falsos mantras sobre el tema que más nos divide (Península), intenta desmontar muchos de esos planteamientos extendidos en el debate público. No es tan cierto, o lo es con muchos matices, que haya más inmigrantes que nunca o los extranjeros aumenten los índices de delincuencia o quiten trabajos a los locales. Tampoco los traficantes son el unico motor del cruce clandestino de fronteras, ni las ayudas al desarrollo podrán hacer desaparecer el deseo de emigrar.

La migración no es ni positiva ni negativa en sí misma, sino algo que siempre ha formado parte de lo que somos como humanos.

Cuando los países pobres se desarrollan, inicialmente más personas migran porque se reúnen más recursos, más conocimiento, la gente ya no quiere quedarse en el campo, se muda a la ciudad, etc. Lo mismo ha pasado en Europa anteriormente.

Igualmente, al enriquecerse estos países, inevitablemente empezarán a atraer migrantes y convertirse en países de destino porque habrá más posibilidades de encontrar trabajo. Cuanto más ricos se vuelven los países, más inmigrantes atraen, y España es un gran ejemplo: fue relativamente pobre en los 70 y se convirtió en un país de altos ingresos entre 1990 y los 2000, y así ha pasado a ser un importante país de destino.

Tenemos que entender que las migraciones son parte del desarrollo, no lo contrario, o algo que se haya de resolver

En estos ultimos años en España se han venido utilizando los mismos argumentos respecto de la inmigración que se vienen esgrimiendo en otros países de Europa Occidental, pero lo novedoso no es que estos argumentos sean defendidos por los partidos situados en los extremos del arco ideológico, sino que los partidos mayoritarios, a derecha e izquierda, estén asumiendo esas narrativas porque necesitan captar más votantes. Por esta razón los laboristas y socialdemócratas alemanes adoptan una versión dulce del relato de que los inmigrantes son una amenaza para los salarios y el empleo, o que aumentarán la delincuencia.

Si solamente se tienen en cuenta las declaraciones de los líderes políticos de diferente signo, respecto de sus propuestas en materia de inmigración, se puede llegar a tener una visión bastante deformada de las políticas reales impulsadas por gobiernos de izquierda o derecha. En una investigación que realizó la Universidad de Oxford analizando 6.500 cambios en política migratoria en todo el mundo occidental se descubrió que los gobiernos dirigidos por partidos de derechas no llevan a cabo medidas más restrictivas respecto de la inmigración que los que están regidos por partidos de izquierdas. Los políticos conservadores durante las campañas electorales proponen duras medidas legales y policiales para eliminar la inmigración ilegal, pero en su práctica política son mucho más permisivos. Los políticos progresistas hablan a sus votantes recordándoles que todos formamos parte de una única familia humana, por lo que la acogida de los inmigrantes es un ejercicio de solidaridad en defensa de sus derechos que son nuestros derechos, pero tras esas bellas palabras la dura realidad hace que la capacidad de acogida de esos inmigrantes en los territorios fronterizos en su tránsito hacia países y regiones con más necesidad de mano de obra, se vea limitada por la capacidad de los centros asistenciales y el coste de la prestación de estos servicios. Ese deseo de acogida universal, o más bien de no ser tomado por insolidario por nuestro vecino que se fija en todo, se diluye cuando hemos soltado esas cuantas monedas de la calderilla que llevamos encima. 

El 17 de junio de 2018 el buque Aquarius desembarcó en el Puerto de Valencia a los 629 migrantes que llevaba a bordo, rescatados frente a la costa de Libia y tras semanas a la deriva por el Mediterráneo por la negativa de Malta e Italia, países más cercanos, a ofrecerles un puerto de atraque. Había pasado medio mes desde la votación de la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, el 1 de junio, y diez días desde la constitución del primer gobierno de Pedro Sánchez, el 7 de junio. Después, al igual que antes, continuaron llegando inmigrantes extranjeros, legales e ilegales, muchos de ellos rescatados por patrulleras españolas, pero no se volvió a hacer un acto propagandístico de semejante calado con la inmigración como telón de fondo. 

En España, al igual que en otros países, los políticos pueden ser muy duros en su discurso contra la inmigración ilegal, pero al mismo tiempo necesitan impulsar medidas que puedan proporcionar mano de obra barata a los diferentes sectores productivos, por lo que no pueden permitirse el lujo de detener y expulsar masivamente a los trabajadores ilegales. 

España tiene un largo historial de regularizaciones de inmigrantes desde la década de 1990 y la realidad es que los empleos menos cualificados han estado cada vez más ocupados por inmigrantes. Todos los gobiernos de uno y otro color están sometidos a la presión no solo de los empresarios que dan trabajo a los inmigrantes, sino también de las clases medias, deseosas de disponer de bienes y servicios baratos, y para conseguirlo la inmigración ilegal representa una fuente de mano de obra muy economica en todo tipo de actividades y especialmente en el trabajo doméstico, cuidado de niños y personas mayores y restauración. En estos trabajos los inmigrantes compiten con los trabajadores nacionales que cuentan con menos formación y se encuentran en los estratos más bajos de la sociedad, por lo que no resulta extraño que estos trabajadores estén en contra de los inmigrantes y voten a partidos políticos que llevan el control de la inmigración entre las propuestas de sus programas electorales. 

Las migraciones están impulsadas principalmente por el mercado laboral, por la escasez de mano de obra en los países del norte y el exceso en el sur, en el caso del trinomio África-América del Sur-Europa. La realidad es que en Europa, y desde luego en España, hemos asumido y normalizado este flujo migratorio a pesar de todo el duro discurso en torno a la lucha contra la inmigración ilegal. Durante la crisis financiera de 2008, cuando el desempleo era alto, nadie quería venir hacia España y muchos inmigrantes ante la falta de perspectivas volvieron a sus países de origen. Cuando la economía española se recuperó, los flujos migratorios de reactivaron de nuevo. Si los políticos realmente quisieran limitar la inmigración ilegal podrían imponer multas y sanciones a los empresarios que contratan a inmigrantes sin papeles. Pero no hay voluntad política para eso porque significaría llevar a la quiebra a algunas actividades productivas, hay sectores enteros, como la recogida de productos agrícolas, la construcción o la hostelería y restauración, dependientes de esta mano de obra. Otra posible solución sería, en teoría, una reestructuración de nuestra economía que hoy por hoy necesita de tantos empleos precarios. Nuestra economía depende de una gran cantidad de puestos de trabajo que los trabajadores españoles no quieren ocupar, por lo que tenemos una dependencia crónica de la afluencia de trabajadores baratos. 

Las ayudas al desarrollo de los países del Sur no pueden por si mismas contener la inmigración. En primer lugar, las cantidades de dinero que se mueven son tan pequeñas que no mejoran significativamente su economía. Si fueran bastante más abundantes y consiguieran mejorar las infraestructuras de transporte de estos paises, tampoco ello haría desaparecer el hecho de que Europa está muy envejecida y necesita de la inmigración para cubrir puestos de trabajo y rejuvenecer la población. 

Los acuerdos para el control de fronteras establecidos entre los países del norte y los del sur, como el firmado por el gobierno italiano de Giorgia Meloni y el de Túnez funcionan a corto plazo, pero no eliminan las causas que mueven la inmigración, aunque tiendan a controlar la ilegal. Por otra parte estos acuerdos generan un rechazo moral en aquellos ciudadanos europeos que ven con malos ojos el hecho de que se financien gobiernos autoritarios de países poco democráticos a cambio de que hagan actuar a su policía fronteriza para evitar que los inmigrantes ilegales se lancen al Mediterráneo. Estos mismos ciudadanos europeos que no quieren ser responsables de la devolución de los inmigrantes a las puertas del desierto disfrutan de la barata despensa de bienes y servicios y consumen de todo, aunque sea eco, bio o turismo solidario. 

Por otra parte lo más importante que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los inmigrantes ilegales vienen legalmente, por lo que ni siquiera un muro fronterizo impenetrable puede detener el flujo migratorio. Se ha hecho una estimación, muy burda por cierto, que indica que nueve de cada 10 africanos que emigran a Europa lo hacen legalmente, pero dado que estamos tan acostumbrados a ver todas esas imágenes de barcos que atraviesan el Mediterráneo cargados de inmigrantes, tendemos a sobrestimar la contribución del cruce ilegal de fronteras.

Se puede considerar que el tráfico de inmigrantes es una forma de prestación de servicios y existe porque los gobiernos de un lado y del otro de la frontera intentan impedir que la gente la cruce. Si la gente tiene buenos motivos para cruzar las fronteras, como la perspectiva de una vida mejor, recurrirán a los servicios de los contrabandistas. Es un error pensar que los traficantes son la causa de la inmigración ilegal. El tráfico es consecuencia de los controles fronterizos. Por supuesto que hay contrabandistas que abusan y engañan a los migrantes, pero la mayoría recurre a operadores a pequeña escala, prestadores de servicios, como pescadores y exmigrantes. Y cuanto más se pretenda controlar la frontera, mayor será el mercado para los traficantes. Para algunos esta ha sido la consecuencia desde que España introdujo visados para los norteafricanos en 1991.

Hein de Haas, nacido en Bolsward (Países Bajos) en 1969, es catedrático de Sociología en la Universidad de Ámsterdam y profesor de Migración y Desarrollo en la Universidad de Maastricht. Entre 2006 y 2015 fue uno de los fundadores del International Migration Institute de la Universidad de Oxford, del que ahora es director.








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